Desde el 1 de abril comienza a regir la nueva ley de inclusión laboral que establece que empresas e instituciones públicas con 200 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad, mientras que las entidades de 100 a 199 trabajadores deberán cumplir la normativa un año después de la entrada en vigencia.
Se estima que en la región de Atacama un total de 64 empresas deberán cumplir la nueva normativa que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.
Al respecto el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, manifestó que “esta ley comienza a regir el domingo 01 de abril en nuestro país, lo que trae consigo que estamos avanzando en nuestra legislación a dar cumplimiento a nuestros tratados internacionales sobre Derechos Humanos que ha ratificado nuestro país, sin embargo, nos queda mucho que hacer para que esta ley sea eficiente, eficaz y cumpla con las expectativas de su elaboración, razón por la cual debemos trabajar arduamente y de forma mancomunada con el Seremi de Desarrollo Social y SENADIS. Se debe tener presente que el segundo estudio nacional de discapacidad señala que hay alrededor de un 20% de personas de 18 años y más que se encuentran en situación de alguna discapacidad, solo el 38% de estas, se encuentran insertados laboralmente. Hago una llamado al sector privado a dar cumplimiento a esta normativa, que nos hace crecer como personas y contemos con un país inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos.”
En la creación de la Ley de Inclusión Laboral se hicieron parte los ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo, junto el Servicio Nacional de la Discapacidad, quienes trabajaron en una indicación sustitutiva sobre la base de 11 mociones parlamentarias para asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Por su parte el Seremi Desarrollo Social, Raúl Martínez Muñoz, comentó que “esta legislación busca fomentar la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad, constituye uno de los desafíos fundamentales de nuestra administración, y para eso trabajaremos de manera coordinada con los servicios públicos y el sector privado”.
“En nuestro país y región, aún debemos avanzar en el sentido de brindar más y mejores oportunidades a nuestros compatriotas. La normativa, llega con el objeto de asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y plena inclusión de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado a través de una reserva legal de empleo. Esta indicación aborda también una materia altamente demandada como es eliminar la discriminación salarial que hoy existe respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental”.
La normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.
En este sentido, Andrea Elgueta, directora regional de Senadis, destacó los principales aspectos de la normativa y explicó que “la Ley de Inclusión Laboral que entra en vigencia el 01 de abril de 2018 permitirá agregar equidad en la remuneración de las Personas en situación de Discapacidad (PesD), eliminando la opción de que en el contrato de trabajo pueda estipular un salario sin respetar las normas sobre ingreso mínimo. Por otra parte, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad. La entrada en vigencia de esta nueva normativa permitirá obtener procesos de selección inclusivos y condiciones laborales acordes a las capacidades que presentan las PesD”.
Según datos entregados por el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) en Atacama, el 23,2% de la población mayor de 18 años en la Región de Atacama se encuentra en situación de discapacidad. De ellas, sólo el 17,6% se encuentra trabajando, en comparación con el 82.4% de las personas sin discapacidad que poseen un empleo.