La jornada, organizada por la Fiscalía de Atacama y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, buscó fortalecer el conocimiento del profesorado sobre la Ley 21.057 y su rol clave en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos graves.
Con el objetivo de reforzar la correcta aplicación de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada, docentes de distintos establecimientos educacionales de la provincia de Chañaral participaron en un conversatorio impulsado por la Fiscalía de Atacama y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.
Durante el encuentro, se abordaron los principales lineamientos de la Ley 21.057, vigente en la región desde junio de 2021, que establece protocolos especiales para la toma de declaraciones a niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de delitos, con el fin de evitar su revictimización durante el proceso penal.
La jefa de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional, Carolina Bianchi, explicó que los recintos escolares suelen ser espacios donde los NNA se atreven a develar situaciones de abuso o agresiones. En ese contexto, detalló que “los establecimientos educacionales son frecuentemente los primeros lugares donde las víctimas manifiestan lo que están viviendo. Por ello es crucial que el profesorado conozca sus obligaciones legales respecto a la denuncia”.
Durante la actividad, el fiscal jefe de Chañaral, Marco Arenas, expuso sobre los alcances de la ley, el rol del profesorado en la persecución penal y la importancia de su participación activa en los procesos de investigación. “Los docentes cumplen una función fundamental en la detección de delitos que afectan a menores. Esta jornada permitió resolver dudas, aclarar el procedimiento de denuncia y fortalecer las herramientas disponibles para la protección de los derechos de la niñez”, señaló el fiscal.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay Pérez, valoró la iniciativa enmarcada en el trabajo de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. “Nuestro compromiso es con la protección de las infancias y adolescencias. Esta actividad apunta a sensibilizar y capacitar a las comunidades educativas sobre la Ley 21.057, promoviendo su correcta aplicación para evitar la victimización secundaria”, indicó la autoridad regional.