La iniciativa impulsada por parlamentarios republicanos obtuvo mayoría en la Cámara, pero evidenció divisiones en el oficialismo, especialmente en el Partido Comunista.
Con 85 votos a favor, 22 abstenciones y 12 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes una resolución que solicita al presidente Gabriel Boric reconocer a Hezbolá como una organización terrorista.
El texto fue presentado originalmente en noviembre de 2024 por parlamentarios del Partido Republicano —Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, José Carlos Meza y Benjamín Moreno— junto a los independientes de bancada republicana Catalina Del Real, Harry Jürgensen y Stephan Schubert.
La resolución argumenta la petición señalando la “gravedad de las actividades” de Hezbolá y su implicación en actos de violencia y desestabilización internacional. El documento solicita al Ejecutivo coordinar acciones para impedir cualquier influencia de la organización en Chile, y reforzar señales de cooperación con países aliados y organismos internacionales que ya han adoptado esa calificación.
Sin embargo, 12 diputados oficialistas votaron en contra, todos vinculados a sectores del Partido Comunista, el Frente Amplio y movimientos aliados. Entre ellos están María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Alejandra Placencia, Boris Barrera, Pamela Jiles, Matías Ramírez, Roberto Celedón, Maite Orsini, Marisela Santibáñez, Luis Cuello, Lorena Pizarro y Daniela Serrano.
¿Qué es Hezbolá?
Hezbolá (o Hezbollah) es una organización chiita con base en Líbano, fundada en 1982 durante la guerra civil libanesa. Fue impulsada con el respaldo de Irán, que según el gobierno de Estados Unidos le entrega hasta 700 millones de dólares anuales en financiamiento. Su brazo armado ha sido vinculado a atentados terroristas, asesinatos y operaciones militares, tanto en territorio libanés como en el extranjero.
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Reino Unido y otros países occidentales han designado a Hezbolá como una organización terrorista. Sin embargo, algunos países —incluyendo partes de la comunidad internacional y gobiernos como el de Rusia y China— no comparten esa calificación, argumentando que se trata de una fuerza política con representación parlamentaria en Líbano.
Con la aprobación de esta resolución, el Ejecutivo no queda obligado legalmente a adoptar la solicitud, pero sí recibe una señal política que insta a revisar su postura diplomática respecto a Hezbolá y su posible influencia en el territorio nacional.