Por tres votos contra dos, el TC aceptó revisar la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros, paralizando las causas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno, en el marco del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, decisión que suspende los procedimientos paralelos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental.
Por mayoría tres votos a favor y dos en contra el TC resolvió acoger la presentación del Comité de Ministros, instancia que en marzo pasado recurrió al tribunal luego del fallo que ordenaba repetir la votación del proyecto Dominga, argumentando que el dictamen del tribunal ambiental estaría “invadiendo competencias” que son de atribución exclusiva del Ejecutivo.
La resolución señala que se declara admisible la contienda de competencia promovida, por cumplir con los requisitos formales exigidos por la Constitución y el reglamento del TC. Asimismo, determina que los procesos judiciales en curso quedan suspendidos, advirtiendo que su continuidad podría “causar un daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resuelva”.
Desde el Gobierno han defendido su postura indicando que buscan establecer los límites de atribuciones entre organismos técnicos y judiciales, en un caso que ha generado amplio debate por sus implicancias ambientales y de gobernanza institucional.
En paralelo, la empresa Andes Iron, titular del proyecto, cuestionó la acción del Gobierno, calificándola como una “maniobra dilatoria” y señalando que “no existe un conflicto real de competencias” entre el Comité de Ministros y el tribunal ambiental. La compañía ya había reaccionado al fallo anterior, que obligaba a las autoridades a votar nuevamente la aprobación o rechazo de Dominga.
El requerimiento fue aprobado con los votos de los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya, mientras que los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas votaron en contra, inclinando el fallo a favor del Ejecutivo y extendiendo aún más la disputa judicial en torno al polémico proyecto ubicado en la Región de Coquimbo.