El imputado fue condenado por abuso sexual y violación tras una investigación dirigida por la Fiscalía de Atacama.
La Fiscalía Local de Copiapó obtuvo una condena de 13 años de presidio efectivo en contra de un hombre acusado de cometer delitos de índole sexual en perjuicio de una menor de edad, hija de su entonces pareja. Los hechos fueron investigados por el fiscal adjunto Renán Gallardo Angel, quien lideró la causa desde su etapa inicial hasta el juicio oral.
Según informó la Fiscalía, los delitos ocurrieron entre los años 2019 y 2021 y fueron denunciados luego de la develación de la propia víctima. A partir de ese momento, se instruyó una serie de diligencias investigativas a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, logrando reunir pruebas que permitieron llevar al imputado a juicio, donde fue hallado culpable de abuso sexual de menor de 14 años y violación.
“Pudimos contar con el testimonio directo de la afectada y su madre, además de peritajes especializados y material fotográfico que situó al imputado en los lugares donde ocurrieron los hechos. Con esa evidencia se logró acreditar su responsabilidad ante el Tribunal”, señaló el fiscal Gallardo.
El condenado se encontraba bajo prisión preventiva desde octubre de 2022. La sentencia, dictada por la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó, incluye además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, empleos u oficios en contextos educacionales o que involucren trato directo con menores de edad, así como la obligación de informar su domicilio a Carabineros cada tres meses durante diez años posteriores al cumplimiento de la condena.
El fiscal explicó que los delitos sexuales contra menores presentan complejidades particulares. “Dado su contexto, los delitos de esta naturaleza resultan especialmente complejos de investigar, por lo que la Fiscalía agota todas las herramientas legales disponibles. A ello se suma la labor de nuestra Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, que interviene con profesionales capacitados para acompañar y contener a quienes han sufrido estos hechos”, indicó.
La investigación se desarrolló en cumplimiento de los estándares establecidos por la Ley 21.057 sobre Entrevistas Investigativas Videograbadas, normativa que protege a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos durante los procesos penales.