La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca asegurar trazabilidad en los pagos de honorarios para evitar el uso de dinero ilícito en causas por delitos graves.
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que obliga a los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir sus honorarios mediante métodos de pago trazables, como transferencias electrónicas o cheques.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, aunque uno de sus artículos que entrega facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para recibir información sobre dichos pagos fue votado por separado, obteniendo 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto unifica mociones presentadas por los diputados Jaime Araya (Indep-PPD) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quienes coincidieron en la necesidad de cerrar espacios al uso de fondos de origen ilícito en procesos judiciales. “No es posible que los tribunales permitan el pago de cauciones con plata manchada con sangre (…) que proviene de los delitos”, sostuvo Fuenzalida.
La normativa contempla que los abogados deberán acreditar el pago de sus honorarios ante el tribunal al término de una representación legal, ya sea por renuncia, abandono o finalización de la causa. Esta obligación aplica a pagos recibidos como persona natural, sociedad o empresa.
Además, se establece que el incumplimiento de esta norma podrá ser sancionado con la suspensión del ejercicio profesional por un periodo de seis meses a un año. La medida no aplicará a los defensores pertenecientes a la Defensoría Penal Pública.
Durante la discusión parlamentaria, el diputado Jaime Araya enfatizó que la medida no busca criminalizar la labor de defensa, sino “garantizar que se realice en el marco de la ley” y evitar el lavado de activos. “Este proyecto aporta trazabilidad a los millonarios pagos y, por lo tanto, le crea un serio problema al narco y a la corrupción”, señaló.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, además, se amplió la aplicación de esta exigencia al financiamiento de medidas cautelares, como la libertad bajo fianza, con el fin de asegurar que los recursos involucrados sean de origen lícito.
Algunos parlamentarios manifestaron reparos sobre la eficacia real de la medida. La diputada Maite Orsini advirtió que “los imputados encontrarán otra forma de pagar y eludir esta obligación”, y criticó que el proyecto no contemple el levantamiento del secreto bancario como herramienta para fortalecer la fiscalización.