El Ministerio Público investiga irregularidades cometidas en tres regiones del país que habrían generado un perjuicio al Estado cercano a los 600 millones de pesos. La audiencia continuará este viernes en Copiapó.
Ayer se llevó a cabo en Copiapó la primera jornada de la audiencia de formalización de cargos contra cuatro personas, investigadas por su presunta participación en una serie de delitos relacionados con el accionar de la Fundación Comprometidos en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama. La causa es dirigida por la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Atacama, con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Durante la audiencia, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, expuso los antecedentes reunidos que permitirían acreditar que la fundación recibió recursos estatales para ejecutar proyectos sin contar con los requisitos técnicos, experiencia ni capacidad operativa para su implementación, lo que habría derivado en un perjuicio cercano a los 600 millones de pesos.
En el caso de Atacama, la Fundación Comprometidos fue beneficiaria de fondos para ejecutar un proyecto de entrega de agua potable en dos campamentos de Copiapó, pese a no contar con experiencia en el área. En tanto, en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, específicamente en Tocopilla, los convenios estaban orientados a la realización de programas de esterilización de mascotas.
Según la Fiscalía, una de las imputadas habría realizado giros en efectivo y transferencias bancarias una vez que los recursos públicos eran depositados en las cuentas de la fundación, comenzando así un proceso de triangulación de fondos entre los imputados.
El fiscal de la Unidad de Casos Complejos, Luis Miranda Flores, explicó que se investiga una estructura sin competencias, sin presencia territorial y sin respaldo financiero, que logró adjudicarse convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con gobiernos regionales en el marco de la Ley de Presupuestos.
“Lo que el Ministerio Público indagó es la presencia de una fundación sin ningún tipo de competencia, sin arraigo en la región ni en ninguna otra de las investigadas, sin patrimonio ni recursos humanos, que se adjudicó dos grandes grupos de programas (…) todo ello generó perjuicios al Estado que bordean los 600 millones de pesos”, señaló el fiscal. Agregó que en base a las nuevas diligencias ordenadas a la PDI, se busca determinar el destino final de los recursos, y que en esa línea se atribuirá el delito de lavado de activos.
Durante esta primera jornada, la Fiscalía comunicó formalmente los cargos contra los imputados:
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J.C.T.: cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos.
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S.D.V.: soborno, fraude al fisco y lavado de activos.
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G.C.V. y M.J.O.: participación en el delito de lavado de activos.
Los imputados, que permanecen detenidos en el cuartel de la PDI Copiapó, solicitaron prestar declaración ante el tribunal. Uno de ellos logró entregar su testimonio completo, mientras que una de las imputadas comenzó su declaración, la cual continuará este viernes.
De acuerdo con la Fiscalía, la audiencia de este viernes 12 de abril podría dar paso a la solicitud de medidas cautelares, sin descartar que la formalización se extienda a una tercera jornada, dada la complejidad del caso y la cantidad de antecedentes.