La nueva ley contempla el aumento gradual de cotizaciones, la extensión del Seguro de Lagunas Previsionales y la mejora progresiva de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La Reforma de Pensiones fue oficialmente publicada este miércoles 26 de marzo en el Diario Oficial, dando inicio al cronograma de implementación de una de las transformaciones más relevantes del sistema previsional chileno en las últimas décadas. Con esto, comienzan a regir los plazos para la puesta en marcha de sus principales medidas.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, detallaron en la Comisión del Trabajo del Senado los primeros pasos administrativos y normativos que se deberán cumplir, incluyendo el envío de reglamentos a la Contraloría y la nominación de consejeros del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
A partir de agosto de 2025 se activarán dos medidas clave: por un lado, la extensión del Seguro de Lagunas Previsionales, que beneficiará tanto a quienes acceden al Seguro de Cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario como a quienes lo hacen desde sus Cuentas Individuales; y por otro, el inicio del alza en la cotización previsional, que comenzará con un 1% adicional de la renta imponible, incrementándose progresivamente hasta alcanzar un 7% en un plazo de nueve años, con posibilidad de extenderse a once.
En septiembre, se materializará el primer aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que pasará de los actuales $224 mil a $250 mil para los pensionados de 82 años o más. Posteriormente, el beneficio se ampliará en septiembre de 2026 para mayores de 75 años, y en 2027 para quienes tengan 65 años o más.
Entre otras acciones, en abril el Gobierno deberá enviar al Senado la propuesta de integrantes del FAPP, instancia que tendrá la misión de administrar los recursos del nuevo componente solidario del sistema. Además, se conocerán las primeras normas de la Superintendencia de Pensiones y se remitirá el reglamento que establecerá los criterios de funcionamiento de la reforma.
“Este es un proceso que requerirá una implementación rigurosa, porque todos los elementos del sistema son muy delicados. Tenemos 36 meses para lograr su puesta en marcha total y lo haremos con máxima eficiencia”, indicó la ministra Jara, subrayando la complejidad técnica y operativa que implica esta transformación estructural.