El taller interinstitucional reunió a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio de Reinserción Social Juvenil para fortalecer la implementación de la justicia restaurativa en adolescentes.
Con el objetivo de seguir avanzando en la implementación de la Mediación Penal Juvenil, se desarrolló un taller interinstitucional en la Región de Atacama para revisar y actualizar el protocolo de derivación a este proceso. La jornada contó con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, instituciones que integran el circuito de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El encuentro fue encabezado por el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay, junto a la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carolina Cortés. También participaron el presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, juez Paulo Muñoz; el fiscal jefe (s) Leonel Ibacache; la coordinadora judicial del servicio, Sofía Aravena, y la mediadora Paola Piazzoli.
El seremi Tomás Garay destacó que el taller permitió analizar en detalle el funcionamiento del proceso de mediación penal juvenil, identificando tanto aspectos positivos como puntos críticos que requieren mejoras.
“Hemos tenido la oportunidad de abordar diversos aspectos del proceso de mediación penal juvenil, entre ellos las condiciones de derivación y coordinación interinstitucional, analizando los aspectos favorables, detectando nudos críticos y recogiendo además las experiencias, opiniones y propuestas de las instituciones intervinientes con miras al mejoramiento y actualización integral del protocolo”, señaló Garay.
Por su parte, la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carolina Cortés, subrayó que la jornada permitió evaluar las condiciones para la derivación a mediación penal juvenil y mejorar aspectos claves como los tiempos de derivación y la calidad de la información compartida entre instituciones.
“Se logró analizar y sistematizar la experiencia desarrollada desde la puesta en marcha e implementación del servicio, generando observaciones necesarias para mejorar el programa. Sin duda, esto permitirá optimizar su funcionamiento y los resultados de la mediación penal juvenil”, afirmó Cortés.
El seremi Garay explicó que este trabajo forma parte de las obligaciones legales compartidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público para establecer un protocolo estructurado con condiciones personales y procesales que determinen cuándo es procedente la mediación penal juvenil.
En ese marco, indicó que la Mesa Nacional de Mediación Penal Juvenil, integrada por las instituciones mencionadas, inició en enero el proceso de evaluación del protocolo vigente, cuyo cierre está previsto para marzo de 2025 con la presentación de un informe final a las mesas regionales.
La Mediación Penal Juvenil es un proceso voluntario que permite resolver de manera colaborativa conflictos derivados de delitos sin consecuencias graves. Se trata de una alternativa al juicio penal que, bajo un enfoque de justicia restaurativa, busca generar satisfacción en las víctimas y contribuir positivamente a la reinserción de adolescentes y jóvenes.