La Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó las históricas condenas por corrupción municipal, consolidando el mayor caso de fraude en una municipalidad del país.
La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados en el caso “Operación Pureza”, dejando firmes las penas impuestas por el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó. Con ello, se ratifican las sentencias más altas aplicadas en Chile por delitos de corrupción en la administración pública municipal.
La indagatoria, liderada por la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, desmanteló una red de fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita dentro de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Según la investigación, entre 2018 y 2020, el exalcalde suplente de la comuna, junto a funcionarios de confianza y particulares, adjudicaron licitaciones públicas a sobreprecio a cambio de sobornos, afectando gravemente el uso de recursos fiscales.
El juicio se extendió por más de seis meses, con la presentación de pruebas obtenidas gracias al trabajo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y la sección forense del Laboratorio de Criminalística de la PDI.
El Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, valoró el fallo, destacando que esta condena marca un hito en la lucha contra la corrupción municipal en Chile. “Los delitos económicos son especialmente complejos de investigar por el contexto en que se cometen, pero el trabajo de la Fiscalía y la PDI permitió obtener la pena efectiva de cárcel más alta aplicada en el país en estos casos. Este fallo reafirma la importancia de sancionar de manera ejemplar estos delitos que afectan directamente a la comunidad”, señaló.
El exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, cumplirá 17 años de presidio mayor en su grado máximo por fraude al fisco y cohecho reiterados, además de 5 años y un día de cárcel por asociación ilícita. También deberá pagar una multa de 82 millones de pesos.
El exadministrador municipal, Alejandro Mella, fue condenado a 5 años y un día de prisión, más 541 días adicionales y una multa de 100 mil pesos por fraude al fisco y cohecho reiterado. El exdirector del DAEM, Osvaldo Carvajal, deberá cumplir 5 años y un día de presidio, más 541 días en la cárcel de Copiapó por asociación ilícita y cohecho.
La exfuncionaria de la Secretaría de Planificación (SECPLA), Dániza Hidalgo, recibió 5 años y un día de prisión, más 541 días de presidio y una multa de 18 millones de pesos por fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita. La exdirectora de SECPLA, Nathaly Ordenes, fue condenada a 3 años y un día de presidio, más 541 días, cumpliendo su pena bajo libertad vigilada intensiva por asociación ilícita y fraude al fisco.
Otros condenados, Boris Pérez, Claudia Bertoglia, Hugo Maya y Nelson Vieytes, fueron sancionados con multas económicas, dado que sus penas se dieron por cumplidas por el tiempo que permanecieron bajo medidas cautelares durante la investigación. Además, todos los condenados quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
El fiscal a cargo de la investigación, Luis Miranda Flores, subrayó que este caso dejó en evidencia cómo el uso irregular de recursos públicos profundizó la desigualdad social en Tierra Amarilla, una comuna con múltiples necesidades. “Los fondos defraudados podrían haberse destinado a proyectos en beneficio de la comunidad. La sentencia es histórica y marca un precedente en la persecución de delitos de corrupción en el país”, afirmó.