La millonaria transferencia de fondos desde la Corporación de Fomento de la Producción al Tesoro Público en 2023 ha desatado cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad fiscal. Autoridades defienden la legalidad del proceso, mientras expertos y parlamentarios exigen claridad sobre el uso de los recursos.
El Gobierno de Gabriel Boric enfrenta una nueva controversia tras revelarse el traspaso de $3,4 billones de pesos (equivalente al 4,5% del presupuesto nacional) desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda en 2023. La operación, aunque legal, ha generado dudas sobre su impacto en el patrimonio de Corfo y el destino de los fondos, ya que la Dirección de Presupuestos (Dipres) no ha especificado en qué fueron utilizados.
La información, revelada por un reportaje de The Clinic, señala que el traspaso incluyó seis transferencias realizadas a lo largo del año, con una última y polémica solicitud de 1.500 millones de dólares en noviembre, que habría obligado a la Corfo a vender activos financieros para cumplir con la exigencia gubernamental.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar este último retiro, argumentando que afectaría el capital de la entidad. Sin embargo, tras la controversia, Benavente aseguró que no hubo pérdida de capital, aunque reconoció que la Corfo debió liquidar inversiones a menor valor para cumplir con la transferencia.
Desde el Ministerio de Hacienda han defendido la legalidad del proceso, afirmando que estos recursos fueron destinados al financiamiento general del presupuesto. No obstante, la falta de información concreta sobre su uso ha llevado a la oposición a solicitar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Expertos han advertido que el traspaso podría estar relacionado con el intento del Gobierno de cubrir el déficit fiscal sin aumentar la deuda pública, lo que ha sido interpretado como un manejo poco transparente de los recursos públicos. La polémica se suma a las críticas previas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, quienes han sido cuestionados por errores en las proyecciones económicas y un manejo deficiente del gasto fiscal.
En medio de la controversia, el ministro de Economía, Nicolás Grau, intentó restar importancia al tema, asegurando que se trata de una «polémica artificial» y que los fondos fueron utilizados para financiar proyectos en seguridad, vivienda, salud y tecnología. Sin embargo, sin documentos que respalden estos dichos, el debate sigue abierto.
Mientras el Gobierno insiste en que la operación fue «regular y transparente», la falta de claridad sobre el destino final de los $3,4 billones de Corfo sigue alimentando la incertidumbre sobre la responsabilidad fiscal y el impacto a largo plazo en el desarrollo económico del país.