Legisladores exigen rendición de cuentas tras traspaso de más de 1.500 millones de dólares al gobierno central, acusando impacto en el desarrollo económico de regiones como Atacama.
La diputada Sofía Cid y los parlamentarios de la Bancada Republicana, Agustín Romero y Luis Fernando Sánchez, alertaron sobre las graves consecuencias económicas del uso de fondos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para financiar el déficit fiscal del Estado.
El cuestionamiento surge luego de la revelación de una operación de traspaso por más de 1.500 millones de dólares desde Corfo al gobierno central, según un reportaje publicado por The Clinic. Los legisladores advirtieron que esta maniobra compromete el desarrollo del emprendimiento y el crecimiento económico del país, afectando directamente a regiones como Atacama, donde las inversiones en innovación y fomento productivo son claves.
«Atacama necesita inversiones reales y un manejo fiscal responsable. No podemos permitir que se manejen los recursos públicos de esta manera. Lo que ha sucedido con Corfo es inaceptable y exige una investigación a fondo», enfatizó la diputada Sofía Cid.
El diputado Agustín Romero, integrante de la Comisión de Hacienda, calificó la situación como una acción irresponsable por parte del Ministerio de Hacienda, señalando que «el ministro Mario Marcel es un peligro para las finanzas públicas y el patrimonio del Estado». Según Romero, este tipo de maniobras «afectan directamente el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica del país».
Por su parte, el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, anunció que se solicitará la creación de una Comisión Investigadora para indagar el uso de los fondos de Corfo. «No solo buscamos esclarecer lo sucedido, sino evitar que este último año de gobierno se lleven toda la plata para la casa», advirtió Sánchez, agregando que «si es necesario, se evaluará una interpelación e incluso una acusación constitucional».
Finalmente, Cid reiteró que «Atacama merece respeto y transparencia en la gestión de sus recursos», comprometiéndose a fiscalizar y exigir responsabilidades en torno a lo que calificó como un «escándalo gigantesco que compromete el futuro de los chilenos para siempre».