Cerca del 45% de los deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro, han pagado o llegado a acuerdo de pago
Con el objetivo de lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, y de garantizar la responsabilidad del Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La norma, aprobada durante el primer año, comenzó a implementarse en mayo de 2023, permitiendo que, desde entonces, el Estado asuma un rol como persecutor del patrimonio del deudor, creando además dos mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.
Al mes de octubre de 2024, a poco más de un año de implementación de esta ley, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.
“Que se haya ordenado el pago de estos montos significa que estos recursos ya habían sido encontrados en las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos de pensiones del deudor, gracias a las atribuciones que permite la Ley de Pago Efectivo a los Tribunales, y que estos recursos se habían pagado o se encontraban en proceso de pago”, explica la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo.
Tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de febrero de este año, se han realizado más de 132.541 cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban en el registro, es decir, cerca del 45% de los deudores que han ingresado al Registro de Deudores, han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.
En la Región de Atacama 2.377 deudores han salido del registro de deudores, ya sea pagando o llegado a acuerdo de pago, lo que equivale a aproximadamente un 43% de las personas que han entrado desde su creación. Aún quedan 4.862 deudores con inscripción vigente.
En tal sentido, la seremi (s) de la Mujer y la Equidad de Género de Atacama, Mónica Marín Aguirre, destacó que en la región, “se da una lógica similar al nivel nacional, en cuanto al porcentaje de deudores que han equilibrado la balanza a favor de la responsabilidad parental, de la madurez, de entender que los hijos e hijas no deben sufrir por las decisiones de sus padres o tutores”.
Pese a lo anterior, Marín argumentó que “persiste una brecha que supera el 50% de deudores, lo cual nos empuja, con más convicción y acción, a informar, concientizar y exigir lo que es un derecho de todo hijo e hija”.
Actualmente, existen cerca de 268 mil deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro. Al respecto, la ministra (s) Vidal señala que “esta institucionalidad ha generado una mayor confianza de las mujeres para judicializar las deudas y exigir el justo derecho del que son acreedores sus hijos e hijas. Y para continuar avanzando, como Ministerio de la Mujer seguimos trabajando permanentemente con el Poder Judicial, la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones involucradas, pues la implementación de la Ley de Pago Efectivo requiere un gran esfuerzo de coordinación entre instituciones públicas y privadas, así como desarrollo tecnológico”.
En este sentido, la autoridad advierte la importancia de continuar con el pago sistemático de esta responsabilidad, pues de lo contrario, se puede reincidir en el registro.
A esto se suman otras iniciativas impulsadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para fortalecer el sistema, como el proyecto realizado el año 2024 con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ) que permitió entregar representación judicial en más de 1.900 causas, ingresar más de 550 nuevas causas a tribunales, atender más de 1.500 entrevistas de orientación e información, realizar 895 entrevistas judiciales para evaluación de viabilidad jurídica, y registrar más de 6.600 gestiones judiciales y/o extrajudiciales asociadas al avance procesal de las causas y a la correspondiente comunicación e información con las mujeres patrocinadas.
Asimismo, diversas instituciones se han sumado a este desafío. Una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde el año pasado considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.
“Hoy estamos viendo los resultados de una iniciativa impulsada por este gobierno, que en muy poco tiempo permitió activar y articular la institucionalidad del Estado en favor de quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes, y que son mayoritariamente mujeres, logrando que un alto porcentaje de deudores de pensiones de alimentos se hagan cargo de la responsabilidad económica que ello implica y que por años eludieron”, señaló el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón.
La autoridad agregó que “acá, más allá de la restitución económica, muy necesaria, por cierto, es importante seguir avanzando en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en paralelo, promover la discusión y la reflexión en torno a esta cuestionable actitud, para que a futuro logremos reducir al mínimo este tipo de situaciones”.
“Como país hoy contamos con una mejor institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio respecto de un problema que han enfrentado miles de mujeres y niñeces en nuestra historia, en donde el Estado garantice el pleno desarrollo y talento que nacen y habitan los territorios, porque de esta forma, seguimos creciendo como sociedad. Ya no están solas”, concluyó la autoridad.