El proceso de cobro, iniciado el 15 de enero con la publicación del listado en el Diario Oficial, permitirá recaudar más de $4.228 millones en la región. La medida busca incentivar el uso efectivo del recurso hídrico o su devolución al Estado para priorizar el consumo humano y mejorar la gestión hídrica.
La Dirección General de Aguas (DGA) en Atacama anunció un incremento significativo en la recaudación de patentes por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, alcanzando un aumento de más de $274 millones en comparación con el año anterior.
El proceso comenzó oficialmente el 15 de enero con la publicación en el Diario Oficial del listado de titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que deben realizar el pago ante la Tesorería General de la República. En total, los derechos afectados implicarán el pago de aproximadamente $4.228 millones en la región.
El SEREMI de Obras Públicas de Atacama, Mauricio Guaita Juantok, explicó que más allá de la recaudación monetaria, el objetivo de esta patente es incentivar el uso efectivo de los derechos de aprovechamiento de aguas o bien, que aquellos que no los utilicen renuncien a ellos. De no ser así, la Tesorería General de la República puede rematar estos títulos para que retornen al Estado y puedan ser priorizados para consumo humano o reserva hídrica.
El director regional de la DGA, Rodrigo Sáez, detalló que la patente por no uso se determina cuando no existen obras asociadas al aprovechamiento del agua o cuando las obras no tienen capacidad suficiente para extraer la totalidad del caudal otorgado en el derecho de aprovechamiento. Explicó que se aplica a quienes no han construido las obras necesarias para la captación y conducción del recurso hídrico, es decir, a quienes no utilizan o solo hacen uso parcial de sus derechos de agua.
Asimismo, hizo un llamado a los grandes usuarios que no pueden utilizar sus derechos de agua debido a la sobreasignación de fuentes hídricas como el río Copiapó. Sostuvo que un gesto significativo sería la renuncia voluntaria de estos derechos, lo que permitiría ajustar las demandas a volúmenes reales y mejorar la gestión hídrica, evitando que sigan existiendo asignaciones solo en el papel y sin respaldo de disponibilidad efectiva.
El pago de estas patentes se traduce en recursos para el fisco, los que posteriormente se distribuyen entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de cada Gobierno Regional, los municipios y los fondos fiscales generales.
A nivel regional, la Tesorería General de la República recaudó un total de $3.954 millones por este concepto en el proceso de cobro de 2024.
El plazo para el pago de estas patentes vence en marzo. En caso de incumplimiento, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría culminar con el remate del derecho de agua.