La legislación, inspirada en el caso de Antonia Barra, sanciona a quienes, mediante violencia de género, provocan el suicidio de una mujer. El primer caso en Atacama se formalizó en Caldera tras hechos ocurridos en 2023.
La tarde del pasado viernes, un hombre quedó en prisión preventiva imputado por el delito de suicidio femicida, el primero de este tipo en ser formalizado en la Región de Atacama desde que se tipificó en 2023 con la promulgación de la Ley Antonia. El caso corresponde al fallecimiento de una mujer ocurrido en noviembre de 2023 en la comuna de Caldera, inicialmente investigado como un suicidio, pero que, según el Ministerio Público, se atribuye a los constantes maltratos físicos y psicológicos ejercidos por el imputado.
La investigación de la Fiscalía de Atacama recopiló testimonios de vecinos, amigos y familiares que confirmaron antecedentes de violencia intrafamiliar en la relación de pareja, quienes compartían un hijo en común. Basándose en estos antecedentes y en las disposiciones de la Ley Antonia, el Juzgado de Garantía de Caldera decretó prisión preventiva para el imputado, fijando un plazo de 45 días para completar las diligencias investigativas.
El suicidio femicida quedó tipificado en 2023 como parte de la Ley Antonia, inspirada en el caso de Antonia Barra, una joven que se quitó la vida tras sufrir violación y revictimización en 2019. La ley busca sancionar a quienes, mediante hechos de violencia de género, provoquen el suicidio de una mujer, reconociendo este acto como una forma de femicidio.
De acuerdo con la normativa, quien cometa este delito puede ser sancionado con penas que van desde presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo, lo que equivale a entre tres años y un día hasta diez años de cárcel.
La legislación considera cinco circunstancias bajo las cuales los hechos pueden catalogarse como violencia de género que deriva en suicidio femicida:
- Negativa de la víctima a establecer una relación sentimental o sexual.
- Violencia sexual previa ejercida contra la víctima.
- Motivo relacionado con la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
- Situaciones de subordinación, dependencia o control extremo.
Este caso marca un precedente en la región y pone en relieve la importancia de aplicar la Ley Antonia para garantizar justicia en situaciones de violencia extrema que llevan a consecuencias tan trágicas como el suicidio. Autoridades y organizaciones esperan que esta legislación contribuya a erradicar la violencia de género y brinde mayor protección a las víctimas.