La parlamentaria criticó duramente la gestión de la ahora exministra de Bienes Nacionales tras la polémica por la posible compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), se refirió este lunes a la renuncia de Marcela Sandoval como ministra de Bienes Nacionales, en medio de la controversia surgida por la propuesta de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Tomás Moro. Según Provoste, “lo que se intentó hacer, a través de un acto administrativo, fue transgredir la Constitución”, calificando la salida de Sandoval como «lo mínimo que la ciudadanía podía esperar».
El caso generó gran controversia luego de que se revelara que el Ministerio de Bienes Nacionales buscaba adquirir la propiedad para preservarla como patrimonio histórico, decisión que generó críticas desde diversos sectores por considerarse un uso impropio de recursos públicos. Los cuestionamientos aumentaron cuando se señaló que el acto administrativo podría vulnerar la Constitución, al no cumplir con los procedimientos adecuados y carecer de respaldo legal suficiente.
Provoste enfatizó que esta situación afectó gravemente la confianza pública: “Fue una situación escandalosa, donde se pone una vez más en tela de juicio la fe pública. Cuando un gobierno tiene los niveles de adhesión que tiene, esperaría que pudiese revisar su actuar, de manera que no le hable solo a su 25 o 30% que encuentra bueno todo lo que pueda hacer. Si no que piense en el 70% de la población que espera mucho más de La Moneda”.
Además, la senadora apuntó a la necesidad de una gestión más transparente y con prioridades claras, indicando que “esperamos que hoy día la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales esté más centrada en lo que se debe hacer, ayudar a las personas de regiones, más que en arreglines como lo que vimos hace pocos días”.
En cuanto a los desafíos del Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Atacama, Provoste destacó la lentitud en la regularización de títulos de dominio, asegurando que esta demora afecta directamente a la población: “Lo que nosotros vemos en Atacama es una lentitud enorme para que las personas puedan regularizar y obtener sus títulos de dominio”.