La iniciativa del Gobierno de Gabriel Boric ha registrado significativos progresos en memoria histórica, reparación y transparencia en los casos de desaparición forzada durante la dictadura civil-militar.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay, destacó los principales avances del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, implementado hace un año con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de las desapariciones forzadas y ejecuciones políticas ocurridas durante la dictadura en Chile.
Entre los logros más relevantes, la autoridad regional informó sobre la creación del Área de Búsquedas y Trayectorias, la realización de más de 40 diligencias en sitios de interés en todo el país y la identificación de 36 mil unidades documentales en archivos públicos. Además, más de 1.200 familiares participaron en encuentros realizados a nivel nacional, se creó un Comité de Seguimiento y se desarrolló un mapa georreferenciado que documenta las trayectorias de las 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
El seremi destacó que el país cuenta por primera vez con una nómina oficial de detenidos desaparecidos, disponible en una plataforma digital. «Este mapa permite a toda la ciudadanía conocer las trayectorias de estas personas, desde su detención hasta los lugares donde fueron trasladadas, torturadas, ejecutadas o donde se les perdió el rastro. Es un esfuerzo por consolidar y transparentar información para que los chilenos y chilenas sepan lo que ocurrió durante la dictadura,» afirmó Garay.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, presentó una plataforma digital que centraliza toda la información recopilada por el Plan Nacional de Búsqueda. Esta herramienta facilita el acceso a datos relevantes, promueve la transparencia y se proyecta como un recurso pedagógico para universidades, comunidades educativas y la sociedad en general. Además, permitirá reportar periódicamente los avances en las acciones implementadas.
Las autoridades subrayaron el papel fundamental de las agrupaciones de familiares, quienes han orientado las prioridades del plan, aportado información crucial y mantenido viva la memoria histórica. Durante una ceremonia encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se reafirmó el compromiso del Estado chileno de continuar este esfuerzo como una política pública permanente.