La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves su primer Consolidado de Información Circularizada (CIC), marcando un hito en la gestión institucional. Este reporte, parte de los compromisos asumidos por la contralora Dorothy Pérez ante el Senado, analiza la administración de los fondos distribuidos a los municipios según la ley N° 21.591, que regula el Royalty a la minería.
El informe revela que 307 municipios recibieron el 50% de los recursos del Royalty mediante el Fondo Puente, un mecanismo transitorio previo a la entrada en funcionamiento del Fondo Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En total, se distribuyeron cerca de 94 mil millones de pesos ($93.645.999.829), con un promedio de $305 millones por municipio.
Sin embargo, la distribución mostró diferencias considerables. La comuna que más recursos recibió fue Puente Alto, con más de $3.220 millones, mientras que Río Verde apenas obtuvo $119 millones, destacando la disparidad en los montos asignados.
El CIC también evidenció graves deficiencias en el cumplimiento de los requisitos normativos. Solo el 53% de los municipios informó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) los gastos ejecutados, mientras que el 44% no cumplió con esta obligación y el 3% restante entregó información parcial.
Además, únicamente el 22% de los municipios declaró poseer una cuenta corriente exclusiva para la administración de los recursos del Royalty, un requisito fundamental según la normativa. Esto implica que el 78% de los municipios incumplió con esta disposición.
La contralora Dorothy Pérez destacó que este informe responde a la visión de modernización de la gestión pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El CIC no solo busca informar sobre el uso y destino de los recursos públicos, sino también establecer un precedente en la fiscalización de los mismos.
La CGR anunció que continuará emitiendo reportes periódicos que incluirán análisis detallados de diversas materias, consolidando su rol como garante de la correcta gestión de los recursos públicos.