A pesar de algunos avances históricos, el balance del segundo fast track legislativo deja desafíos pendientes en la agenda de seguridad.
A escasos días de que concluya el año, el segundo fast track legislativo en materia de seguridad arroja un balance preocupante: de los 31 proyectos prioritarios, solo 4 han sido aprobados.
Sin embargo, el gobierno destaca que, más allá de esta lista específica, se han despachado más de 60 iniciativas relacionadas con seguridad durante este periodo, incluyendo leyes clave como la que regula la tenencia de elementos tecnológicos en cárceles, la prevención de venta de vehículos robados, y avances en regulación migratoria.
Entre los logros más significativos se encuentra la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que separará las estrategias de seguridad y el control del orden público del Ministerio del Interior, fortaleciendo además la figura del delegado presidencial.
Asimismo, la nueva Ley Antiterrorista mejora los criterios objetivos para castigar la asociación terrorista y amplía el catálogo de delitos relacionados. Estas medidas, según la diputada Lorena Fríes (Frente Amplio), representan «atisbos de lo que pueden ser acuerdos más amplios».
De los 27 proyectos restantes en trámite, dos tercios están en el Senado, pero con una particularidad: ninguna de estas iniciativas está actualmente en la Comisión de Seguridad. En cambio, se distribuyen entre otras comisiones como Hacienda, Constitución, y Defensa, lo que ha ralentizado su avance.
Entre los proyectos más críticos destacan las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la ley de Infraestructura Crítica, que según el senador Iván Flores (DC), están «hermanados», ya que uno define qué proteger y el otro cómo hacerlo. Sin embargo, diferencias ideológicas y la densidad de la discusión han frenado el progreso.
El próximo año se proyecta como clave para destrabar la agenda de seguridad. La Ley de Inteligencia, que lleva cinco años en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, podría finalmente votarse en enero, marcando un posible avance histórico.
El senador Gastón Saavedra (PS), miembro de la Comisión de Defensa, subrayó la necesidad de acelerar la tramitación: «Son proyectos que requieren esta urgencia, tenemos que avanzar». Para ello, se ha propuesto aumentar la frecuencia de las sesiones de las comisiones unidas, pasando de reuniones quincenales a semanales.
El lento avance legislativo refleja las complejidades de llegar a consensos en temas sensibles como la seguridad, donde las diferencias ideológicas y la densidad técnica de los proyectos complican el proceso. Mientras tanto, el gobierno y el Congreso enfrentan la presión de la ciudadanía para responder a una de las principales demandas sociales: garantizar mayor seguridad y orden público.