El organismo identificó inconsistencias en los registros financieros y destacó el impacto del crédito en las arcas públicas. Sugiere corregir la contabilidad y monitorear riesgos fiscales ante el posible reemplazo del CAE.
En medio del debate sobre el futuro reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar la educación superior, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) detectó diversos problemas en los registros contables asociados al mecanismo, alertando sobre sus efectos en la contabilidad fiscal y en la estimación real del impacto en el patrimonio del Estado.
En su informe, el CFA señaló que entre 2019 y 2023, la compra anual del CAE por parte del Fisco promedió los 13,5 millones de UF, equivalentes a US$2.666 millones (0,9% del PIB). Además, los gastos vinculados a la activación de garantías y beneficios para los deudores alcanzaron US$946 millones, mientras que los intereses sumaron otros US$70,6 millones.
Uno de los problemas destacados es que los pagos realizados por los deudores se registran como ingresos, y no como devolución de crédito, lo que genera un sesgo al alza en los ingresos fiscales. A su vez, se detectó que los egresos que reducen el patrimonio del Estado, como el sobreprecio pagado al comprar créditos a los bancos, no se contabilizan como gastos.
«En consecuencia, la contabilidad que históricamente se ha realizado del CAE genera un sesgo al alza en el registro de los ingresos fiscales y a la baja en los gastos», concluye el informe del CFA.
El organismo recomendó a la Dirección de Presupuestos (Dipres), en coordinación con la Tesorería y la Contraloría General de la República, corregir la forma de registrar las operaciones para reflejar de manera más transparente el uso de recursos fiscales y la situación financiera del Estado.
Además, el CFA alertó sobre el crecimiento de los créditos con garantía ejecutada, que pasaron del 18,5% en 2018 al 48,8% en 2023 en poder del Fisco. En el caso de los bancos, estos crecieron del 22,4% al 46,5% en el mismo período. Esto podría implicar que «existe un monto significativo que no ha sido registrado como gasto asociado al CAE», advirtieron.
Entre las recomendaciones, el CFA propuso a la Dipres evaluar instrumentos de prudencia fiscal ante el riesgo de incobrabilidad, incrementar la publicación periódica de indicadores fiscales, y monitorear de forma constante los riesgos que el CAE y su mecanismo sucesor puedan representar para las finanzas públicas.
El informe surge en un contexto donde el Ejecutivo impulsa un nuevo sistema de financiamiento, conocido como Fondo de Educación Superior (FES), el cual pretende reemplazar al cuestionado CAE, con la promesa de reducir costos fiscales y ofrecer un mecanismo más equitativo para estudiantes y familias.