La reciente inclusión del IMSI Catcher en la nueva Ley Antiterrorista ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social, debido a sus implicancias en la privacidad y derechos de los ciudadanos.
La aprobación de la nueva Ley Antiterrorista en Chile ha desatado una discusión sobre la implementación del IMSI Catcher, una tecnología que permite interceptar datos de dispositivos móviles y cuya incorporación fue solicitada por el Ministerio Público. Aunque sus defensores destacan su utilidad para combatir delitos graves, críticos advierten que podría vulnerar la privacidad de miles de ciudadanos.
El IMSI Catcher, o Identidad del Suscriptor Móvil Internacional, es un dispositivo desarrollado en 1996 por la firma alemana Rhode & Schwarz. Su propósito inicial era identificar y almacenar datos de dispositivos móviles conectados a redes globales de comunicación móvil. Este dispositivo actúa como una torre falsa que «engaña» a los teléfonos cercanos para que se conecten a él en lugar de una torre real, logrando recopilar información como el IMSI del dispositivo, ubicación, hora y fecha de llamadas, entre otros. Utiliza señales más fuertes que las de torres legítimas, obligando a los dispositivos cercanos a preferir la conexión al IMSI Catcher. Sin embargo, no puede interceptar mensajes cifrados en plataformas como WhatsApp o Signal.
Uno de los principales cuestionamientos al IMSI Catcher es su capacidad para recopilar información de múltiples usuarios en un área determinada, sin su consentimiento. Esto plantea riesgos de violación a la privacidad, y su uso no siempre está claramente regulado, como lo evidencian los debates legales en países como Alemania.
En Chile, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, calificó la inclusión de esta tecnología como una «discrepancia entre parlamentarios», distanciándose de la polémica. Por su parte, la diputada Karol Cariola planteó la posibilidad de que la Comisión Mixta revise nuevamente la Ley Antiterrorista, acusando que el uso del IMSI Catcher “traspasó un límite”. Henry Leal, diputado UDI, defendió su implementación como una herramienta necesaria, argumentando que fue solicitada por el Ministerio Público y que su objetivo es rastrear zonas donde se cometen delitos graves.
Mientras el oficialismo y sectores críticos aluden a los riesgos de esta tecnología, sus defensores destacan que podría fortalecer la persecución de delitos de alto impacto, siempre y cuando se utilice bajo un marco regulatorio claro.