La iniciativa, en su tercer trámite legislativo, busca modernizar el sistema notarial, limitar la edad para ejercer el cargo e implementar un régimen de inhabilidades. La Comisión de Constitución deberá entregar un informe antes del 16 de diciembre.
La reforma al sistema notarial vive momentos clave en el Congreso, tras más de seis años de tramitación. En su tercer trámite legislativo, el proyecto se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde se busca llegar a un consenso sobre aspectos como el régimen de inhabilidades por parentesco, la modernización del sistema y los plazos para que notarios mayores de 75 años cesen en sus funciones.
El proyecto propone un nuevo procedimiento de nombramiento para notarios, conservadores y archiveros, a través de la Alta Dirección Pública, que seleccionará candidatos con base en méritos y exámenes. Los mejores puntajes serán presentados al ministro de Justicia, quien deberá nombrar al postulante con el mayor puntaje de manera automática, excluyendo al Poder Judicial del proceso.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que esta reforma busca reducir barreras de entrada, asegurar objetividad y modernizar el sistema mediante la incorporación de tecnología. Además, enfatizó que se establecerán estándares de transparencia y probidad.
Un punto central del debate es el régimen de inhabilidades, que prohíbe optar a estos cargos a personas con vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad con autoridades políticas y judiciales, como el Presidente de la República, ministros, fiscales y parlamentarios. Aunque este régimen ha sido valorado por varios legisladores, algunos, como el abogado Julio Pallavicini, lo consideran injusto por limitar el acceso de profesionales al sector público.
Otro tema relevante es la edad máxima para ejercer el cargo. Según la propuesta, los notarios mayores de 75 años deberán cesar sus funciones en un plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley. Actualmente, se estima que unas 50 personas cumplen con este criterio, incluyendo casos emblemáticos como el de Olimpia Schneider, notaria de Santiago, quien con 94 años aún ejerce el cargo.
El proyecto también busca atender críticas hacia el sistema notarial, donde cargos vitalicios con remuneraciones elevadas (en promedio $14 millones mensuales en 2018) han generado cuestionamientos. Estudios han evidenciado irregularidades, como precios superiores a los establecidos en el arancel y la ausencia de notarios durante los trámites, reportada por el 83% de los usuarios.
Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, subrayó la importancia de esta reforma: “No podemos seguir permitiendo que estos cargos sean elegidos a dedo. Es hora de democratizar y profesionalizar el sistema”.
La Comisión de Constitución tiene hasta el 16 de diciembre para presentar un informe con recomendaciones, tras lo cual la sala deberá votar el proyecto. De ser aprobado, podría ser despachado en las próximas semanas, marcando un hito en la modernización del sistema notarial chileno.