La Dirección de Presupuestos no transfirió recursos esperados por un fallo en la estimación de recaudación fiscal, generando un impacto en proveedores, empleo y servicios públicos.
Un error de cálculo en la recaudación fiscal de US$4.400 millones ha generado una crisis presupuestaria que afecta a gobiernos regionales (GORES), municipios y hospitales en todo el país. La situación llevó a la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile a solicitar explicaciones al Gobierno en una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda.
El presidente de la agrupación y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expresó su preocupación por el impacto del problema en el empleo y en el cumplimiento de compromisos con proveedores. «Los recursos que no han sido traspasados a los GORES son millonarios y golpean directamente en la generación de empleo», declaró Mundaca.
Por su parte, el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, confirmó que la ministra Tohá reconoció un «error de cálculo» en las estimaciones de recaudación fiscal para 2024. Díaz enfatizó la necesidad de que quienes cometieron el error asuman sus responsabilidades.
La situación ha llevado al fisco a aplicar recortes que afectan no solo a los gobiernos regionales, sino también a municipios y hospitales, según informó el diputado de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum. «Este error bordea los US$4.400 millones y está impactando gravemente en servicios esenciales. Es difícil que el Ministerio de Hacienda pueda revertir esta situación», advirtió Sauerbaum, quien además sugirió la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien acusó de actuar con «prepotencia intelectual».
La falta de recursos ha obligado a gobiernos regionales y otras instituciones a retrasar pagos a proveedores y detener proyectos, lo que amenaza la continuidad de servicios públicos clave y la estabilidad laboral en sectores dependientes de estos presupuestos.
El Gobierno no ha emitido una declaración oficial respecto a las medidas que adoptará para solucionar la crisis fiscal, mientras crecen las tensiones entre autoridades regionales y el Ejecutivo.
La situación pone en evidencia los riesgos asociados a errores en la proyección de ingresos fiscales y plantea interrogantes sobre la gestión presupuestaria a nivel nacional, con consecuencias directas para servicios esenciales y comunidades en todo el país.