El debate incluyó controversias sobre partidas clave en Salud, Educación, Interior y otras carteras importantes.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile rechazó diversos ítems del Presupuesto 2025 durante la sesión del lunes 25 de noviembre, derivando los puntos en discrepancia a una comisión mixta. Entre las áreas impugnadas se incluyen las partidas del Poder Judicial, Interior, Economía, Hacienda, Justicia, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Salud, y otras, las cuales serán revisadas en detalle por parlamentarios de ambas cámaras.
Uno de los aspectos rechazados fue la eliminación de una norma que exigía a la Contraloría General de la República implementar un sistema estandarizado de rendición de cuentas. También se impugnaron partidas vinculadas a gastos reservados de la Subsecretaría del Interior y fondos destinados al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol.
En Salud, se objetó la eliminación de una glosa del Senado que permitía destinar hasta $200.000 millones para reducir las listas de espera oncológica (GES y no GES) y otra disposición que priorizaba la atención de personas con situación migratoria regular. Por su parte, en Bienes Nacionales, se cuestionaron recortes al programa de regularización de títulos de dominio y a la gestión de propiedad fiscal asociada a Pueblos Indígenas.
Posturas parlamentarias y sectoriales
El oficialismo valoró la posibilidad de alcanzar acuerdos en la comisión mixta, destacando la importancia de consolidar un presupuesto orientado a la reactivación económica y la responsabilidad fiscal. Parlamentarios como Daniela Serrano (PC) resaltaron la necesidad de asegurar recursos para programas sociales y educación, mientras que desde el Partido Socialista, Jaime Naranjo subrayó la importancia de priorizar las necesidades sociales.
En la oposición, Frank Sauerbaum (RN) reconoció avances, aunque expresó reparos respecto a áreas como Obras Públicas y Prodesal. Desde el comité republicano, Agustín Romero criticó algunos programas considerados “superficiales”, señalando que no aportan al bienestar de las familias.
En el segundo trámite, el Senado repuso partidas esenciales en áreas como la Contraloría, Mujer y Servel. También se asignaron $5.130 millones al Poder Judicial para financiar la Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. En Interior, se repusieron fondos para la Agencia Nacional de Inteligencia y se amplió la dotación de personal.
En Salud, se incorporaron glosas relacionadas con infraestructura, cáncer y fertilidad, además de $73.000 millones para licencias médicas. Vivienda recuperó recursos para la compra y mejora de terrenos destinados a familias en campamentos, y Medioambiente incrementó su aporte a programas de conservación y fiscalización ambiental.
La comisión mixta analizará los puntos pendientes, representada por parlamentarios de distintos sectores políticos. Se espera que el presupuesto definitivo se apruebe antes del 29 de noviembre, cumpliendo con los plazos constitucionales.