El proyecto busca fortalecer el control migratorio y establecer nuevas disposiciones sobre residencia y expulsión de extranjeros.
Este martes 26 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile someterá a votación las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería, una propuesta del Ejecutivo que busca responder a los desafíos migratorios actuales con énfasis en el control de ingreso y regularización de extranjeros en el país.
El proyecto incluye medidas para ampliar las causales de expulsión y revocación de residencias, endureciendo las sanciones para quienes cometan infracciones graves o reiteradas. También plantea nuevos requisitos para la nacionalización de extranjeros y busca reforzar la seguridad en los puntos de ingreso al país.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó la renovación de la urgencia del proyecto, destacando que el Gobierno considera prioritario avanzar en la tramitación para modernizar la política migratoria en Chile.
El Gobierno pretende equilibrar un enfoque de seguridad fronteriza con la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
El debate ha polarizado a los parlamentarios. Sectores favorables al proyecto consideran urgente reforzar el control migratorio, mientras que otros, incluidos representantes de oposición y organizaciones de derechos humanos, advierten sobre el posible impacto negativo de estas medidas en las garantías básicas de la población migrante.
La votación de este martes será clave para definir el futuro de la normativa migratoria en Chile, en un contexto de creciente flujo de extranjeros y desafíos relacionados con la seguridad y la integración social. De aprobarse, el proyecto avanzará al Senado para continuar su tramitación legislativa.
Esta iniciativa subraya la necesidad de abordar la migración de manera integral, buscando un balance entre la regulación efectiva y la protección de los derechos humanos.