La medida permitirá recaudar US$70 millones adicionales anuales y ampliar el beneficio a nuevos hogares, mientras se avanza en otras regulaciones clave del sector eléctrico.
Este miércoles, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una sobretasa transitoria de US$5 por tonelada al impuesto verde que grava las emisiones de CO2. Esta medida, que será aplicable entre 2024 y 2026, afecta a las centrales conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que emitan más de 25.000 toneladas anuales de dióxido de carbono. Con este aumento, el Gobierno proyecta recaudar $70.000 millones anuales para financiar la expansión del subsidio eléctrico.
El ministro de Energía, Diego Pardow, valoró la medida al señalar que los fondos permitirán extender el beneficio a cerca de 1 millón de hogares adicionales o financiar la instalación de techos solares en hasta 50.000 viviendas anuales, especialmente dirigidas a familias de clase media. Actualmente, el subsidio eléctrico beneficia a cerca de 2 millones de hogares, pero el objetivo es ampliar su alcance para mitigar las alzas en las cuentas de luz.
Durante la sesión, también se aprobó una indicación propuesta por el diputado Jaime Mulet que permitirá a las asociaciones de consumidores activar mecanismos de revisión de precios en contratos de suministro eléctrico cuando se presenten cambios significativos en el equilibrio económico. Esta norma busca proteger a los usuarios de posibles abusos por parte de las empresas eléctricas.
El presidente de la comisión, Marco Antonio Sulantay, destacó que el proyecto tiene como objetivo común ampliar la cobertura del subsidio y beneficiar a más personas. Sin embargo, reconoció que las diferencias radican en los mecanismos de financiamiento y su impacto en las cuentas de los usuarios.
El debate continuará en las próximas sesiones, donde se analizarán otros aspectos del proyecto. Entre ellos, destacan la creación de una bolsa de precios preferentes de energía para reducir tarifas a pymes y Servicios Sanitarios Rurales, la ampliación de facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con mayores multas a las empresas por interrupciones de suministro, y el uso de excedentes para fomentar la instalación de paneles solares en hogares de clase media.
El proyecto enfrenta el desafío de equilibrar las necesidades de los consumidores y las exigencias medioambientales, mientras se busca garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.