Diversas organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación y rechazo frente a la asignación presupuestaria de solo un 1% del presupuesto solicitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para el año 2025, medida aprobada recientemente por la Cámara de Diputadas y Diputados. La decisión asigna solo $45 millones al INDH, una cantidad que ha sido calificada como insuficiente para garantizar sus operaciones básicas.
Entre las organizaciones que han manifestado su rechazo se encuentran la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFIINDH), Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano, la Fundación para la Confianza, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Estas agrupaciones han señalado que la drástica reducción presupuestaria pone en riesgo la capacidad del INDH para cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos en el país.
En un comunicado emitido por la AFIINDH, se calificó esta medida como un «grave ataque y chantaje a la democracia». Además, la organización señaló que esta decisión refleja una política de desmantelamiento del INDH en un contexto donde su labor es más necesaria que nunca. Desde Amnistía Internacional, se ha advertido que el recorte podría implicar un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos.
El INDH, institución creada en 2009 con el propósito de supervisar y promover la protección de los derechos humanos en Chile, enfrenta ahora la posibilidad de no poder operar de manera efectiva. En el presupuesto original presentado por el gobierno, la institución había solicitado más de $4.000 millones para financiar sus programas y proyectos, incluyendo investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y programas educativos.
La reducción presupuestaria ha generado fuertes críticas también desde el ámbito internacional. Human Rights Watch emitió un pronunciamiento instando al gobierno chileno a reconsiderar la decisión y a priorizar la protección de los derechos humanos.
A pesar de la aprobación en la Cámara Baja, el presupuesto 2025 aún debe ser revisado y votado en el Senado, donde diversas voces han adelantado que buscarán revertir esta medida que consideran perjudicial para el fortalecimiento democrático en Chile.