La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que analizó el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y posibles irregularidades en su implementación, emitió un informe con recomendaciones que han generado fuertes divisiones entre parlamentarios oficialistas y opositores. Entre las medidas propuestas se encuentra la suspensión de tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género en menores, la revisión de la legislación vigente y auditorías a instituciones relacionadas.
El informe fue aprobado por siete votos de la oposición y rechazado por seis del oficialismo. Ahora será votado en el pleno de la Cámara de Diputados para su ratificación.
El diputado Héctor Ulloa (Ind.-PPD) criticó la postura de la oposición, calificándola como «cavernaria», y defendió la autonomía progresiva de los menores, siempre con la autorización de los padres. Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) recordó que el PAIG fue implementado durante el gobierno de Sebastián Piñera, acusando falta de consistencia y señalando que las recomendaciones restringen derechos de las infancias trans.
En contraste, el diputado Johannes Kaiser (Ind.) valoró el informe como un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente, y cuestionó el concepto de autonomía progresiva en menores. El diputado Diego Schalper (RN) defendió la necesidad de revisar la pertinencia y legalidad del programa, subrayando que el informe debe servir como lección para evitar excesos en su aplicación.
El documento incluye 14 propuestas, destacando entre ellas la suspensión del PAIG y nuevos tratamientos hormonales en menores, limitando estas intervenciones a mayores de 18 años. Además, se plantea la derogación de la Circular 812 de la Superintendencia de Educación, que regula el uso del nombre social en escuelas, y la eliminación del enfoque afirmativo de género en la Ley de Identidad de Género. También se proponen auditorías a hospitales, farmacias populares y municipios con programas de género.
El informe recomienda enviar antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para investigar posibles irregularidades en la implementación del programa. Asimismo, se sugiere revisar los gastos de FONASA y CENABAST en medicamentos hormonales, y remitir el documento a la Corte Suprema para evaluar la constitucionalidad de las decisiones relacionadas con menores trans.
La votación en el pleno de la Cámara de Diputados definirá si estas recomendaciones serán adoptadas formalmente, marcando un punto de inflexión en la política pública respecto a los derechos de las personas trans en Chile.