En un contexto de negociaciones anuales, la Mesa del Sector Público (MSP), compuesta por 16 organizaciones sindicales, entregó al Gobierno un pliego de demandas centrado en un reajuste salarial real del 3% y la implementación de la jornada laboral de 40 horas, amparada en la Ley 21.561. El 15 de noviembre, los dirigentes sindicales formalizaron su petición en una reunión con autoridades gubernamentales, destacando la importancia de estas medidas para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los empleados públicos. La solicitud incluye también una revisión de las asignaciones laborales y beneficios adicionales, como incentivos por desempeño y mayores recursos para capacitación.
La Ley 21.561, promulgada en abril de 2024, establece un cronograma para la reducción de la jornada laboral en Chile: desde el 26 de abril de 2024, 44 horas semanales; desde el 26 de abril de 2026, 42 horas semanales; y desde el 26 de abril de 2028, 40 horas semanales. Los gremios buscan adelantar la plena implementación de la jornada de 40 horas, argumentando que contribuirá al bienestar de los trabajadores y a la modernización del sector público.
El reajuste salarial propuesto, de un 3% real, se plantea como una necesidad frente a la inflación acumulada y las condiciones económicas actuales. Además, se solicita un incremento de los bonos por término de conflicto y desempeño, la ampliación de recursos para planes de capacitación y mejoras en las condiciones de trabajo y beneficios sociales. La presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Andrea López, señaló que “este es un año clave para avanzar en derechos laborales. La implementación de las 40 horas y un reajuste salarial digno son demandas prioritarias”.
Desde el Ministerio de Hacienda, se indicó que las propuestas serán analizadas en detalle en las próximas rondas de diálogo. El subsecretario de Hacienda, Jaime Muñoz, aseguró que “el Gobierno está comprometido con garantizar condiciones laborales justas, pero las propuestas deben alinearse con el marco presupuestario nacional”. Las reuniones entre la Mesa del Sector Público y las autoridades continuarán en los próximos días, con miras a alcanzar un acuerdo antes de fin de año. La decisión final podría impactar a más de 300 mil empleados públicos en todo el país.