En un esfuerzo por encontrar una solución al prolongado conflicto entre la constructora Pacal S.A. y más de 450 familias afectadas por proyectos de vivienda detenidos en Copiapó, el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, se reunió con dirigentes y representantes de la organización “Viviendas Pacal”. Las familias, que llevan casi cinco años esperando por sus viviendas en los proyectos “Laguna Verde”, “Bahía Remanso” y “El Totoral” en el sector Llanos de Ollantay, participaron en la reunión junto a un abogado que las representará en los próximos pasos legales.
Orígenes del conflicto y acciones legales
Los proyectos, anunciados en marzo de 2020 como parte de una iniciativa público-privada adjudicada a Pacal S.A. bajo el programa DS 19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, han enfrentado importantes retrasos e incumplimientos. La Gobernación Regional de Atacama ha decidido intervenir en el caso, evaluando posibles acciones legales en contra de la empresa y ofreciendo el asesoramiento de un abogado para las familias afectadas.
El Gobernador Vargas expresó su preocupación y empatía hacia las familias afectadas, afirmando: “Empatizamos totalmente con la angustia y desesperación de las familias… Claramente hay un incumplimiento total de parte de la empresa Pacal, y lamentamos enormemente la actitud de esta entidad privada.” Además, subrayó la responsabilidad del Estado en estos proyectos públicos.
Apoyo del Gobierno Regional y próximas acciones
Vargas reafirmó el compromiso del Gobierno Regional con las familias, señalando que el apoyo seguirá siendo constante durante todo el proceso. “Siempre vamos a estar defendiendo los derechos de las personas de nuestra región,” afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno Regional se involucre de manera formal si es posible.
Por su parte, la presidenta de la organización “Familias Pacal”, Leonor Betanzo, indicó que, tras la reunión, las familias afectadas han decidido presentar un recurso de protección para asegurar sus derechos y garantizar que la constructora cumpla con los compromisos. “Nos han ofrecido un abogado y hemos decidido tomar esta acción en conjunto con el gobernador”, comentó Betanzo, quien también señaló el compromiso del Ministerio de Vivienda de no caducar los subsidios otorgados hasta que las familias reciban sus viviendas.
Esperanza para las familias afectadas
El compromiso del Gobierno Regional, junto con el apoyo de las parlamentarias Daniella Cicardini y Sofía Cid, brinda a las familias la esperanza de que, tras años de incertidumbre, se logre una solución definitiva. La posibilidad de un traspaso del proyecto a otra constructora, como Besalco, también se ha planteado como una alternativa para avanzar con los proyectos, aunque no se ha confirmado.
Este encuentro representa un paso importante en la búsqueda de justicia y una solución para las familias que, desde hace casi cinco años, han esperado una respuesta clara sobre sus viviendas en Copiapó.