Se aprueba ley para regular funerales de alto riesgo, con medidas para mejorar la seguridad pública

El Congreso Nacional  ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que regula los funerales de alto riesgo, medida que ahora espera la firma del Presidente de la República para su promulgación. Con un respaldo casi unánime de 128 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa se convierte en un paso decisivo en la agenda de seguridad pública del país, especialmente orientada a enfrentar situaciones ligadas al crimen organizado.

La ley establece un plazo máximo de 24 horas para realizar los funerales clasificados como de alto riesgo, una reducción significativa del período anterior de 48 horas. Esta medida busca limitar la exposición pública y el tiempo en el que estos eventos pueden representar una amenaza al orden y seguridad. Además, se restringen los recorridos de los cortejos fúnebres, que deberán contar con aprobación previa de Carabineros para evitar rutas que incluyan sectores vinculados a actividades delictivas.

El proyecto también impone sanciones específicas para quienes alteren el orden durante estos funerales mediante el uso de armas, fuegos artificiales u otros elementos que amenacen la tranquilidad pública.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que esta ley responde a la necesidad de enfrentar desafíos específicos en materia de seguridad sin ceder terreno frente a las actividades delictivas. «Esta no es una derrota frente al crimen; es una medida concreta para reducir el impacto de estos eventos en la seguridad pública», afirmó Tohá.

Desde el Senado, varios legisladores recalcaron la urgencia de abordar de forma integral la problemática de la seguridad en el país, reconociendo que esta ley es solo una de muchas medidas necesarias para mejorar el control y la prevención del delito.

Con esta legislación, el gobierno espera contribuir a un clima de mayor seguridad pública, estableciendo un marco normativo para los funerales de alto riesgo que reduce el impacto del crimen organizado en la sociedad chilena y busca proteger a las comunidades de posibles situaciones de violencia o intimidación.