A medida que se acercan las elecciones municipales en Chile, la seguridad pública se ha convertido en uno de los temas centrales de las campañas de muchos candidatos a alcalde. Sin embargo, es importante aclarar qué pueden y qué no pueden hacer los alcaldes en materia de seguridad, ya que a menudo las promesas exceden sus atribuciones reales.
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Nº 18.695), los alcaldes no tienen control directo sobre las fuerzas policiales como Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), las cuales dependen del Gobierno Central a través del Ministerio del Interior. No obstante, los alcaldes sí pueden desempeñar un rol fundamental en la prevención del delito a nivel comunal, mediante medidas como la instalación de cámaras de seguridad, la mejora de la iluminación en áreas de riesgo y la coordinación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, donde se discuten estrategias de prevención.
Otra herramienta clave a disposición de los municipios es la figura de los inspectores de seguridad municipal, quienes pueden patrullar la comuna y colaborar con las fuerzas policiales en tareas preventivas. Sin embargo, estos inspectores no tienen facultades para detener personas ni actuar en situaciones que competen exclusivamente a las fuerzas de orden público.
El ministro del Interior, junto con las autoridades nacionales, sigue siendo el encargado de gestionar las acciones directas de seguridad, lo que limita el alcance de los alcaldes en el control del crimen y el uso de fuerzas armadas. Ante esto, algunos candidatos podrían estar haciendo promesas que no pueden cumplir plenamente.
Las próximas elecciones municipales, que se realizarán el 26 y 27 de octubre, serán una oportunidad para que los votantes evalúen las propuestas de seguridad de los candidatos, pero también es importante que lo hagan con un conocimiento claro de las atribuciones reales de los alcaldes.