Seis antiguos empleados municipales y el concejal por Vallenar, Hugo Páez Suárez, interpusieron una querella por el delito de prevaricación administrativa en contra del alcalde de la comuna, Armando Flores, y dos de sus ex colaboradoras de confianza, Patricia Herrera (ex administradora municipal) y Paula Garay (ex directora jurídica), quienes también fueron posteriormente desvinculadas.
La acción judicial se origina luego de que los demandantes, que habían sido cesados en administraciones anteriores y luego reintegrados por una orden de la Corte Suprema, fueran nuevamente despedidos en 2021 bajo la gestión de Flores. Según su versión, el alcalde les había asegurado que no serían desvinculados otra vez; sin embargo, cinco meses después recibieron la notificación de término de sus funciones bajo el argumento de «razones presupuestarias». Los querellantes afirman que la verdadera razón fue de carácter político, relacionada con su vinculación a gestiones previas.
La querella sostiene que los despidos fueron arbitrarios y discriminatorios, acusando a la administración municipal de no seguir los procedimientos adecuados. Por su parte, los testimonios de Herrera y Garay, quienes también presentaron acciones legales contra el alcalde por sus propias desvinculaciones, revelan que Paola Ramírez, pareja del alcalde, participaba en decisiones laborales clave, pese a no formar parte del equipo municipal. «Ella dirigía reuniones y decidía quién se quedaba o quién se iba», señaló Garay en su declaración.
El Ministerio Público investigará el caso para determinar posibles responsabilidades penales en las decisiones administrativas tomadas por el alcalde y su círculo cercano.
Fuente: Noticiero del Huasco.