El abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva en el marco del Caso Audio, un lío judicial que no solo lo implica a él y sus socios más cercanos, sino que también salpica a nombres relacionados con el mundo político y la farándula nacional.
Recordemos que el jurista saltó a la palestra luego de que se revelara un audio en noviembre del 2023 donde dice que le deben dinero a funcionarios públicos, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Siervicio de Impuestos Internos (SII), a cambio de información relativa a una investigación contra los hermanos Sauer, clientes de Hermosilla.
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¿Quién es el Luis Hermosilla y qué es el caso Audio?
e el medio nacional Ciper el que reveló el mencionado audio que dio vida al bullado caso. En él, se escucha a Luis Hermosilla en una conversación con su cliente, el empresario Daniel Sauer y la también abogada Leonarda Villalobos, donde hablan de pagos a funcionarios del SII y la CMF para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.
“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre”, es parte de lo que dice el abogado, ahora en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.
A raíz del audio, la Fiscalía, por instrucción del Ministerio Público, incautó el teléfono celular de Hermosilla, por lo que tuvieron acceso a variadas conversaciones y chats, donde se evidenciaría nexos con diferentes rostros de la política, altos mandos y figuras televisivas.
En el informe pericial al celular iPhone 14 de Luis Hermosilla, que tiene en su poder la Fiscalía Oriente, abundan, incluso, conversaciones del abogado con senadores, jueces y personeros de La Moneda respecto de nombramientos en el Poder Judicial.
Personas salpicadas por el Caso Audio
Sergio Muñoz, exdirector general de la PDI
Uno de los primeros implicados en el caso Audio, fue el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien renunció a su cargo tras ser formalizado, por aparentemente haber entregado información privilegiada a Luis Hermosilla.
La Fiscalía le imputa haber traspasado información al abogado respecto a una investigación en contra de su cliente Héctor Espinosa, predecesor de Muñoz en el cargo de director de la PDI, en la que se le imputa la malversación de $146 millones provenientes de caudales públicos.
Jean Pierre Matus: ministro de la Corte Suprema
En su momento, aparecieron conversaciones entre Luis Hermosilla y Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema, mismas que este último negó rotundamente que existieran. Se trata de chats de 2019, (cuando Matus no era ministro del máximo ente judicial), en la que ambos organizaban la participación de un penalista alemán en la defensa de la acusación constitucional que enfrentó el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La existencia de los chats fue confirmada en la primera jornada de la formalización de cargos contra Hermosilla, dejando en evidencia que el supremo mintió cuando el 26 de marzo dijo a La Tercera que nunca había hablado por chat con el abogado protagonista del Caso Audio.
Debido a lo anterior, se especuló de posibles gestiones para que Jean Pierre Matus accediera a la Corte Suprema. Sin embargo, Matus se defendió y dijo al mismo medio: “esos chats publicados, se refieren a mi actividad profesional” y “no existe nada ilícito en ellos”.
Por los antecedentes expuestos, en el Congreso toma fuerza una acusación constitucional contra el ministro del máximo tribunal.
Hernán Larraín: exministro de Justicia de Sebastián Piñera
De la misma manera, el exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, fue nombrado en los chats investigados por la Fiscalía, de acuerdo al reportaje. Pero el ex titular de la cartera, aseguró que nunca recibió una “solicitud” del abogado para nombrar ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
BancoEstado y Subsecretaría de Interior y Salud Pública
Un informe secreto elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al que accedió BBCL Investiga— develó transferencias, depósitos en efectivo y otros pagos por parte de instituciones estatales: BancoEstado y las subsecretarías de Interior y Salud Pública. Todo esto como consecuencia de sus asesorías durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
En documento destacan los $21,6 millones que le depositó el BancoEstad al abogadoo, posiblemente por la representación en una acción penal por sabotaje informático debido a un ciberataque sufrido en el 2020, mientras Sebastián Sichel era el presidente.
Junto a ello, aparecen transferencias desde la Subsecretaría del Interior con $16 millones y la Subsecretaría de Salud Pública con $10 millones, las que tendrían razón, según explicaron, en pagos por asesorías legales.
Sebastián Sichel: expresidente de BancoEstado y actual candidato municipal
El ex candidato presidencial, Sebastián Sichel, primero fue nombrado por haber sido el presidente de BancoEstado cuando la entidad financiera transfirió dinero a Hermosilla. Luego, por un pantallazo que encontró fiscalía en el teléfono periciado.
En él, habría una conversación entre el formalizado y el empresario Álvaro Jalaff, ex Ceo del Grupo Patio, el cual, planeaban citar a Sichel a sus oficinas, luego de conocer la noticia de su nombramiento como presidente de la institución bancaria.
Contratos de Hermosilla con ministerios en el gobierno de Piñera
Después se supo que el Ministerio de Salud, Minsal, contrajo un contrato con el abogado para pagarle cerca de 10 millones 778 mil pesos, a costas de que él habría defendido al exministro Enrique Paris en una acción judicial que se había presentado.
El Ministerio de Defensa dio a conocer un contrato por trato directo con el abogado Luis Hermosilla con fecha 26 enero de 2022 por un monto de 325 UF. La orden de compra fue enviada a las 16:55 horas del 10 de marzo de 2022, solo horas antes de la salida de exministro Baldo Prokurica, quien se desempeñó en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
El Ministerio de Transportes informó sobre un nuevo contrato entre la Subsecretaría de Transportes y el abogado Luis Hermosilla, un poco antes que terminara el gobierno del expresidente Piñera fechado el 3 de marzo del 2022, por 325 UF.
Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema y su esposo
Otros de los implicados en el caso Audio a raíz de los chats investigados en el peritaje al teléfono, es Gonzalo Migueles, esposo de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De acuerdo a Ciper, se halló un pantallazo con una conversación entre Migueles y el fiscal Carlos Palma en medio del último proceso de elección de fiscal nacional.
El medio afirmó que el mencionado le habría ofrecido a Palma “pagarle un doctorado e instalarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cambio de su apoyo al candidato (a fiscal nacional) que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado”.
Caso Audio y el fiscal Carlos Palma
A raíz de lo anterior, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a una persecutora para dirigir una investigación penal contra Carlos Palma, hoy fiscal de la regional de Aysén por supuestamente entregar información confidencial en 2022 al hoy cuestionado abogado.
En concreto, todo se enmarca en el caso “Viejos Arrayanes”. Se trata de un decomiso de más de 20 kilos de cocaína (equivalente a $350 millones) que involucraba al ingeniero Ignacio Yáñez, cliente del buffet de Hermosilla y sus asociados.
Otro supuesto implicado de Fiscalía es al exfiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, por el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla sobre causas investigativas del denominado caso Penta, caso Dominga y Exalmar.
También habría dado información en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela.
Caso Audio y Andrés Chadwick
Por otro lado, ya en fase investigativa, Luis Hermosilla prestó declaración frente a Fiscalía, donde reveló que Daniel Sauer pagó desde sus cuentas en el extranjero el informe en derecho para defender la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick en el 2019.
Con estos antecedentes, Ciper reveló que hubo transferencias entre Luis Hermosilla y Chadwick, las que superan los 190 millones de pesos entre 2020 y 2023. El ex secretario de Estado, respondió que estaba todo “justificado” y que “corresponden a pagos por trabajos jurídicos”.
Tonka Tomicic como clienta de Leonarda Villalobos
Otro de los nombres más reconocidos en Chile que fue destacado durante la etapa de formalización de Hermosilla, fue el de la animadora Tonka Tomicic, pero no directamente con el abogado, sino que con la abogada Leonarda Villalobos..
En la audiencia de también se formalizó a Villalobos, el ente persecutor dio cuenta de que el exrostro de TV habría realizado millonarias transferencias a la imputada por delitos tributarios, soborno y lavado de dinero.
Por lo anterior, Tomicic afirmó a un medio nacional que los pagos realizados se debieron a que Villalobos era la abogada de su contraparte en juicio civil, “que terminó mediante transacción suscrita por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2021”, afirmó.
Por lo anterior, debió pagar una suma de dinero a su contraparte, “mediante depósito o transferencia a una cuenta corriente bancaria de la sociedad Steuern SpA de propiedad de la abogada Villalobos”.
Azul Azul y los “Bonos Bulla” en el caso Audio
Pero la lista no se limita a personajes televisivos y políticos o instituciones financieras. Azul Azul, la sociedad anónima que controla el club profesional de fútbol Universidad de Chile, fue acusada de acudir a STF Capital, propiedad de los imputados Sauer y Topelberg, para vender los llamados “Bonos Bulla”.
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, el denominado Bono Bulla corresponde a una operación de Azul Azul, concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, que tenía como principal objetivo “refinanciar pasivos que se arrastran hace largo tiempo”.
En concreto, la mayor parte del dinero recaudado sirvió para que la Sociedad Anónima saldara su totalidad de la deuda que mantenía con el fisco. Eso, le permitió según documentos elaborados por la propia Azul Azul, extender automáticamente su concesión hasta 2052.
Sea como sea, si bien la transacción existió, al menos tres fuentes de este medio descartaron que STF o los Sauer invirtieran dineros en ese bono. Todos subrayan que la actuación de la corredora se limitó únicamente a captar a los inversores, por lo que se terminó llevando una comisión.