En el reciente fin de semana se registró una ola de homicidios en la región Metropolitana. Se cometieron ocho, de los cuales, cuatro tuvieron lugar en La Pintana. Estos violentos hechos tuvieron algunas repercusiones, como diversos cuestionamiento al gobierno y solicitudes para apurar legislaciones en materia de seguridad.

Por ejemplo, este lunes se reunió la alcaldesa de la comuna mencionada, Claudia Pizarro, con el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, y las policías para abordar la crisis de seguridad en el sector, que tan solo en lo que va de 2024 registra 16 asesinatos.

En dicha instancia, la alcaldesa Pizarro advirtió que estos homicidios son sólo un punto de partida para los hechos de violencia que se van a generar. Es decir, la jefa comunal apunta a que habrán represalias y funerales de alto riesgo, o narco funerales.

Así, la edil fue tajante con su diagnóstico: se vendrían venganzas, pero no hay suficiente dotación de Carabineros para resguardar a los vecinos frente estos violentos escenarios que se podrían experimentar en las próximas horas, en La Pintana.

Además, llamó al Congreso a “hacer un pacto fiscal en materia de seguridad para financiar los temas de seguridad. La PDI no tiene la suficiente dotación en la comuna para abarcar los delitos que existen en nuestra comuna”.

“Sé que algunos podrán pensar que estoy estigmatizando más la comuna, pero en esta no podemos solos”, agregó.

Normas para la realización de los funerales de alto riesgo

Actualmente, en el Congreso Nacional se discute el proyecto de ley que establece nuevas normas para la realización de los funerales de alto riesgo, el cual fue ingresado a fines de septiembre de 2023.

En esa oportunidad, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, presentaron la iniciativa que en su cuerpo establece el objetivo de “prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social asociados a estos funerales de riesgo”.

Lo anterior, restringiendo la realización de los mismos mediante un límite de tiempo concreto: en 24 horas, partiendo desde la muerte de la persona, se tiene que hacer en su totalidad el servicio funerario, ceremonia, velorio y entierro.

En dicha presentación, el presidente Boric enfatizó que “vamos a enfrentar la cultura narco en todas sus dimensiones. La seguridad de nuestros compatriotas no puede esperar”.

A casi un año, el proyecto ya tuvo su primera votación en Sala, en julio, donde fue aprobada por unanimidad y hoy descansa en el Senado, específicamente en la Comisión de Seguridad Pública.

El senador y presidente de la instancia, Iván Flores, confirmó que “logramos la semana pasada que nos autoricen para la discusión en general y en particular, lo cual acelera mucho más el procedimiento”.

“Espero que el próximo lunes, 26 de agosto, estemos ya en condiciones de votar”, añadió.

Cabe mencionar que estos funerales son un verdadero dolor de cabeza, en todos los sentidos posibles. Por cada responso se debe desplegar un gran contingente de Carabineros, lo que deja vulnerable otros sectores de las comunas donde ocurren.

En otras oportunidades, incluso, se han tenido que cerrar escuelas y trabajos producto del peligro que significan estos eventos, donde muchas veces hay uso de armas de fuego, pirotécnia y, también, incidentes que terminan con la intervención del equipo de Control de Orden Público de la institución policial.

Según datos de Carabineros, durante el periodo de mayo de 2019 a mayo de 2023, en Chile se registraron 1.736 “funerales de alto riesgo”, donde se detuvieron a 1.302 personas.

Asimismo, La Radio consultó a Carabineros y a la Delegación Presidencial Metropolitana sobre la situación durante este año, sin embargo, no se entregaron cifras al respecto.

Los homicidios

En cuanto a los homicidios, según el último boletín estadístico del Ministerio Público, se han recepcionado 1.788 denuncias por este tipo de delito, sólo entre enero y julio de este año. Un 10,7% respecto al mismo periodo de 2023.

De la cifra anterior, un 40,83% o sea, dos de cada cinco homicidios ocurridos este año, tiene un imputado en calidad de “desconocido”.

La misma alcaldesa de La Pintana puso en cuestionamiento la efectividad de los planes del gobierno en cuanto al combate contra la delincuencia, donde pidió sincerar las cifras del Plan

Cuestionamientos a los que se sumaron los diputados de Chile Vamos, quienes fustigaron el accionar del gobierno en materia de seguridad

“Cada vez que hay una ola de homicidios, el gobierno sale con pirotecnia comunicacional. Lo cierto es que es un fracaso absoluto, las políticas y el Plan Calles sin Violencia”, dijo Henry Leal (UDI).

En tanto, Andrés Longton (RN) agregó que “los planes que ha implementado el gobierno han sido insuficientes y, en algunos casos, derechamente un fracaso. Estamos con las peores cifras de homicidios en la historia de nuestro país”.

De hecho, tras esos homicidios el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, en entrevista con CNN Chile, lamentó que los homicidios no están bajando en la capital, a pesar del descenso en la tasa de homicidios a nivel país, que pasó de 6,7 a 6,3 por cada 100 mil habitante.

“Un fenómeno criminal complejo”

Ante los cuestionamientos, el delegado presidencial metropolitana, Gonzalo Durán, planteó que esta ola de homicidios se trata de una “disputa entre personas u organizaciones criminales” y que teniendo presente las circunstancias del fin de semana se seguirá desplegando toda la capacidad policial en un rol preventivo.

“Aquí, más que hablar de una falla, estamos hablando de un fenómeno delincuencial, en un fenómeno criminal complejo, en el que estamos trabajando activamente”, agregó.

En 2023, siguiendo con las cifras del Ministerio Público, en la capital hubo 627 casos de homicidios y en 2024, a la misma fecha, 737. Es decir, un 17,5% de diferencia.

La mayoría de estos caso tienen lugar en la zona sur de la región Metropolitana, con 325 en lo que va del año.