Un llamado a los funcionarios de los servicios públicos a asumir un mayor compromiso en la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) formuló el presidente de la comisión de Inversiones del CORE, consejero Gabriel Mánquez.
El consejero fue muy crítico al momento de reflexionar frente al gasto de inversión regional, en particular respecto de la coordinación y eficiencia que debe existir en la ejecución de los proyectos, estudios y programas financiados con los recursos FNDR. “Nosotros como representantes de la ciudadanía tenemos las atribuciones que nos confiere la ley para aprobar los recursos, pero son los distintos servicios públicos a través de sus funcionarios, quienes deben hacer las respectivas coordinaciones para agilizar y hacer más eficiente el gasto”. Comentó el consejero Mánquez.
El año 2017 la ejecución presupuestaria de la región de Atacama llegó al 98,2%, cifra similar al período 2016, donde tampoco se logró gastar la totalidad de los recursos asignados, dijo más adelante el consejero Gabriel Mánquez. “A pesar que no es un mal gasto y se está dentro de los niveles de eficiencia que se exigen, claramente debe existir un mayor compromiso de parte de todas las instituciones públicas que participan de estos procesos. No se puede desconocer que los regímenes administrativos de las instituciones públicas son lentos y engorrosos, por este motivo, debe existe mayor coordinación y mejor gestión, que nos permitan mejorar nuestra eficiencia y gastar todos los recursos”, planteó el presidente de la comisión de Inversiones del Core.
Para el año 2018 el presupuesto asignado a la región de Atacama disminuyó en un 2,5%, es decir, mil 548 millones menos que los recursos aprobados para la ejecución presupuestaria del 2017. Por tal motivo, para el consejero es relevante que todos los servicios y en particular aquellos ministerios con mayor asignación de presupuesto optimicen sus funciones, porque de lo contrario cada año disminuirá la inversión asignada a la región de Atacama.
También el consejero puso énfasis en la necesidad de facilitar profesionales a las municipalidades más pequeñas de la región, con clara orientación en la ejecución y presentación de proyectos en beneficio del desarrollo de aquellos territorios más aislados y donde también existe presencia e interés de habitar estos poblados.
Por último, el consejero Mánquez dijo que para este nuevo período se propusieron incrementar algunas acciones -en su rol de fiscalización- a la ejecución presupuestaria de los diferentes servicios y en particular de las municipalidades, Sernapesca, CORFO, Universidad de Atacama, Vialidad, Servicio de Salud, entre otras instituciones que mantienen convenios de programación con el Gobierno Regional o bien aquellas que resultaron beneficiadas con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC). “Estos servicios públicos son quienes durante los años 2016 y 2017 no ejecutaron sus iniciativas según el cronograma propuesto e inserto en sus lineamientos y metas de trabajo. Además formaban parte del programa de nuestra Presidenta de la República Michelle Bachelet y por ende existía obligación de los funcionarios de cumplir a cabalidad con estas metas. Este incumplimiento en muchos casos le restó credibilidad a las políticas públicas del Gobierno y dio espacio para generar controversia que beneficiaria y fortaleciera a ciertos actores”. Señaló el consejero.
Dentro de este contexto, Gabriel Mánquez citó el caso del ex intendente Vargas, a quien el 2016 se le solicitó tomar medidas al respecto de las acciones aplicadas y las cuales incidieron que la región hoy tenga un gasto presupuestario de 98,2% por dos años consecutivos. “Las medidas de control y fiscalización por parte de este CORE se aplicaron, lamentablemente las resoluciones administrativas tomadas por el Intendente Vargas no tuvieron cabida por parte de los servicios estatales señalados”. Criticó el consejero regional.