De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Públicos, la imputación de la vivienda tiene una metodología desactualizada y por ello proponen que se considere en la base el índice de Precios de Vivienda del Banco Central. Así medida, señalan, la pobreza por ingreso en 2015 habría sido 13,4% en lugar de 11,2%; en 2017 de 10,9% y no 8,5%, y en 2022 de 9,1% y no de 6,5%.
La tasa de pobreza que arrojó la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 y que se conoció el año pasado sorprendió a todos. Según el sondeo, la pobreza en Chile pasó de 10,7% en 2020 a 6,5% en la última medición, en lo que constituye el menor registro histórico desde que hay datos comparables (1990), y también el menor número de población pobre (1.292.521). Así, los datos fueron aún mejores que los registrados en 2017, previo a la crisis social y a la pandemia, cuando la pobreza llegó a 8,5%.
Según se señaló cuando se presentaron los resultados, una de las razones detrás de esta baja fue el aumento de las transferencias de Estado a los sectores de menores recursos, es decir, subsidios que ayudaron a complementar los ingresos de las familias. Pero también estuvo presente el factor de la imputación del alquiler, lo que generó debate entre los expertos.
El alquiler imputado busca reflejar la condición de los hogares que ocupan una vivienda sin tener que pagar por ella. A esos hogares se les pregunta cuánto se paga en el barrio en que viven por el arriendo de una vivienda como la que ocupan y ese monto se les suma como una fuente de ingresos.
Precisamente, ese fue el tema que abordó el análisis realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) “Medición de la pobreza en Chile: el rol del alquiler imputado” y que ahondó en el rol que ha jugado este último elemento.
“Nuestro argumento es que en esta metodología existe un problema de actualización de la canasta no alimentaria (específicamente en ‘IPC resto’), porque no incorpora el alquiler imputado. Esto ha derivado en una subestimación significativa de su valor y, con ello, en una subestimación de la pobreza”, detalla el informe realizado por el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, y por Gabriel Ugarte, investigador de ese centro de estudios.
En 2013, cuando se introdujo la metodología actual de medición, la pobreza se definió en relación con la capacidad de los hogares para solventar un gasto referencial. El gasto referencial quedó conformado por dos componentes: el asociado a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y los “otros” gastos. En estos últimos se incluyó un “alquiler imputado”, que es un componente contable. Este corresponde al arriendo de mercado que tendrían que pagar aquellos hogares que tienen casa propia, si no la tuvieran. Ese gasto es el que no se ha ido actualizando, dice este informe.
En ese contexto, Izquierdo menciona que “nosotros identificamos un problema en cómo se ha venido actualizando el alquiler imputado desde la última vez que se calculó en 2012. Esto, porque a las familias se les imputa un ingreso ficticio”.
En su análisis sugieren que se utilice el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del Banco Central, el “cual mide los precios de las transacciones efectivas de compraventa de propiedades habitacionales a nivel nacional con datos administrativos”, sostiene el informe.
Fuente: La Tercera