Investigación de la Unidad Sacfi, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI llevó a la detención de dos ciudadanos extranjeros por su participación consumado en los delitos indagados.
El trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama y funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Copiapó, permitió la detención de dos personas por su participación en los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación y violencia en contra de una mujer en la capital regional. Antecedentes conocidos este miércoles en la audiencia de formalización de la investigación por estos hechos.
Sobre esta causa el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, subprefecto Patricio Arévalo, indicó que a partir de las diligencias ordenadas por el fiscal de turno en horas de la madrugada de ayer se realizaron distintas entrevistas y el análisis del sitio del suceso, pudiendo con ello determinar la participación de dos ciudadanos venezolanos en los hechos denunciados. “Esto porque ambos involucrados abordaron a la mujer víctima en el interior de un local de comida rápida en Copiapó a quien agredieron, sustrajeron especies personales y la subieron a un vehículo para mantenerla secuestrada por alrededor de dos horas, mientras le pedían información de un tercero que había participado del robo de un auto de uno de los participantes del secuestro. La víctima fue luego liberada en el sector de las tomas de Andacollo en esta ciudad. Todos estos antecedentes fueron aportados al fiscal de la Unidad Sacfi para ser presentados en la respectiva audiencia”, dijo.
La audiencia de formalización de estos delitos fue asumida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, quien argumentó que los hechos indagados comenzaron con el robo de un vehículo a uno de los imputados, quien junto al segundo detenido y a otros sujetos aun no identificados quisieron hacer justicia por sus propias manos ubicando el auto sustraído en el local de comida rápida, lugar en que interceptan a una mujer que acompañaba a quien sería el responsable de la sustracción del móvil quien se dio a la fuga. “Sin embargo, a pesar de que existe certeza que la mujer no tenía relación alguna con el robo, la agredieron, le robaron sus pertenencias y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad por aproximadamente dos horas, mientras de manera paralela era extorsionada para que entregara información del autor del robo del vehículo. Acción que llevó a los detenidos a cometer dos delitos que acarrean penas de crimen y cuyas investigaciones fueron formalizadas, tales como el secuestro extorsivo y el robo con violencia e intimidación”, dijo el fiscal.
Como parte de los antecedentes conocidos en la audiencia se indicó que uno de los imputados contaba en sus redes sociales con imágenes en que vestía el uniforme del Comando Nacional contra Extorsión y Secuestro en Venezuela. “Frente a ello, los alegatos referidos a que desconocía que la acción que estaba cometiendo involucraba un delito no tiene lógica, pues esta persona se dedicaba en su país de origen a prevenir precisamente este tipo de ilícitos”, concluyó el fiscal.
FORMALIZACIÓN
En la audiencia en que se presentaron los cargos en contra de ambos detenidos la Fiscalía presentó distinta evidencia reunida en esta etapa inicial de la causa, entre ella las imágenes de las cámaras de seguridad del local en que fue interceptada la víctima. Registros que evidenciaron la participación de los detenidos en la agresión y posterior secuestro.
Junto con ello, se argumentaron las declaraciones de la mujer afectada e informes de la policía que sustentaron la solicitud de la Fiscalía en relación con privar de libertad a los imputados.
En su resolución el Juez de turno indicó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público corroboraron la participación de los detenidos y frente a la contundencia de éstos decretó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Fijando, finalmente, un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.