Rechazo transversal continúa generado la denuncia que hizo la FNE a las empresas Indura y Linde por lo que sería el delito de colusión en plena pandemia del Covid-19, cuando las clínicas y centros hospitalarios de todo el país dependían del oxígeno. Expertos han resaltado el “trabajo ejemplar” del persecutor económico y herramientas como el programa de delación compensada, que aun así no deja exento a los demás involucrados de responsabilidad penal.
Después de 20 años cae el “cartel de gas”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, luego de efectuar una denuncia al Tribunal de Libre Competencia por el supuesto delito de colusión entre las empresas de gases industriales y medicinales, Indura y Linde Gas Chile.
A través de la intervención de las comunicaciones de los respectivos gerentes generales, el persecutor económico, constató lo que fue un “acuerdo de no agresión” entre ambas empresas para restarse de licitaciones y mantener a los clientes habituales. Supuesto delito de colusión que se habría dado entre noviembre de 2019 y enero de 2021. En plena crisis de la pandemia.
En el empresariado, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, condenó “toda práctica que atente contra la libre competencia, mientras el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, dijo que “además de lo bien hecho por la Fiscalía Nacional Económica, la situación amerita una investigación penal”.
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El ministro de Economía, Nicolás Grau, en tanto, aplaudió el trabajo de la FNE, destacando las pruebas que tiene el persecutor de carteles contra los involucrados.
“Cartel del Gas”: que haya ocurrido en plena pandemia lo califican de “agravante”
Mientras que Adela Gómez profundizó en que “es una agravante” que esto haya ocurrido en plena pandemia del Covid-19. Por su parte, José Miguel Sáez, abogado de la Universidad de Chile, no descartó que quienes quedaron fuera de la delación compensada arriesguen responsabilidad penal.
Indura, que no se acogió al programa de delación compensada, negó a través de un comunicado, el delito de colusión, asegurando que seguirán cumpliendo con el proceso legal.
Para dicha empresa, la FNE pidió una multa de un poco más de 30 millones de dólares, la segunda multa más alta que ha fijado el persecutor económico, desde el Caso Brink’s.