La Asociación de Isapres acusó recibo del fallo del Tribunal Constitucional contra la «mutualización» que había sido incorporada por la derecha a la ley corta, propuesta con la que el Gobierno busca fortalecer el sistema de salud y viabilizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema por las tablas de factores, y urgió a La Moneda a que decida si finalmente promoverá ese mecanismo.
En una votación dividida en la víspera, el TC declaró inconstitucional que la disposición fuese añadida mediante una indicación parlamentaria y no como una iniciativa del Presidente de la República, que tiene la atribución exclusiva respecto a la seguridad social.
Por ello, mediante una declaración pública, el gremio de las aseguradoras privadas afirmó ayer viernes que «esta opción sigue siendo válida, aunque depende del Ejecutivo su aplicación».
«A dos meses de que venza el plazo otorgado por la Corte Suprema, queda, finalmente, a decisión del gobierno si recoge las recomendaciones técnicas y plantea el cumplimiento de los fallos con una metodología que asegure la estabilidad del sistema«, enfatizó en ese sentido.
Asimismo, remarcó que «se requiere actuar con premura, pues si las soluciones no son oportunas, no serán útiles para evitar el desenlace que nadie quiere».
Las isapres pidieron «tener presente que mientras esto se debate, el sector privado de salud atraviesa una grave crisis que se ha prolongado 18 meses, con impacto en pacientes y prestadores», escenario en que «lo crucial es que la solución permita restablecer el equilibrio financiero, única manera de normalizar la operación de las isapres, cumplir los fallos y evitar nocivos efectos sistémicos».
El TC falló favorablemente respecto al reclamo del oficialismo y la Democracia Cristiana, que consideraba ese mecanismo como un «perdonazo» a las aseguradas privadas y que no beneficiaría a los usuarios. Además, lo tachaba de «inadmisible» dado que la presentación de leyes sobre seguridad social es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
Casi al finalizar el primer trámite en el Senado, y con votos de la derecha, se había modificado la fórmula de cálculo de la Superintendencia de Salud respecto de los cerca de mil millones de dólares que las isapres deberían restituir a sus afiliados, y se incorporó la «mutualización», que reducía el monto prácticamente a la mitad al distribuir la deuda de éstas entre los propios usuarios.
GOBIERNO DESCARTA INCLUIR MUTUALIZACIÓN
Esta misma semana el Gobierno se había sumado a los 17 senadores reclamantes, solicitando que la indicación fuese declarada inconstitucional al tratarse de una norma sobre seguridad social que no propuso el Ejecutivo.
Y en el nuevo escenario, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), ratificó que «nosotros presentamos un proyecto que no comprendía la mutualización y vamos a insistir en que se apruebe el proyecto originalmente presentado por el Gobierno, con las indicaciones que en su tiempo se hicieron presentes, dentro de las cuales no estaba considerado ese punto».
TC EXPLICA: FALLO NO TRANSFIERE RESPONSABILIDAD AL GOBIERNO
La «mutualización» había sido planteada por la comisión técnica convocada la Comisión de Salud del Senado durante la tramitación de la ley en la instancia. Pero el Ejecutivo no la incluyó en la propuesta por considerar, análisis jurídico mediante, que pasa a llevar los fundamentos del «supremazo», que mandató calcular la deuda contrato a contrato.
El senador Francisco Chahuán (RN), uno de los autores de la indicación inadmisible, opinó que «lo que hace el fallo del Tribunal Constitucional es transferirle la responsabilidad al Gobierno para lograr, tal como ellos han señalado, un equilibrio financiero del seguro privado de salud».
Una interpretación que, sin embargo, rechazó la presidenta del TC, Nancy Yáñez.
«No, no nos pronunciamos ni sobre la pertinencia o no de la propuesta, o de los contenidos sustantivos de la normativa. Lo que hace el Tribunal Constitucional es determinar que las materias que dicen relación con materias previsionales requieren de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y es una cuestión normativa», explicó.
«EL PERDONAZO NO VA»
La ley corta comenzó este mes su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, desde donde ya han advertido que no hay «ambiente político ni apoyo al perdonazo» que habían propuesto senadores de la derecha.
«Se complica entonces el panorama para las intenciones de las isapres y para la oposición que buscó un verdadero perdonazo de la deuda de las aseguradoras», aseguró hoy la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), presidenta de la Comisión de Salud.
«Desde el oficialismo teníamos contemplado no aceptar esta rebaja absurda de cientos de millones de dólares e íbamos a desechar en la Comisión de Salud la indicación presentada por la oposición. Con esta resolución se hace más fácil aún tomar una decisión. El perdonazo a las isapres no va«, confirmó.