El pasado mes de noviembre, el Ministerio del Interior, por medio de un decreto ley, declaró a 24 mineras de cobre como empresas estratégicas, entre ellas a Enami. Por lo mismo, la minera estatal interpuso un recurso de protección en contra del Gobierno, tratando de dejar sin efecto la determinación.

 

Las plantas mencionadas de Enami son Delta, Manuel Antonio Matta, Osvaldo Martínez Carvajal y Vallenar, además de la Fundición Hernán Videla Lira ubicada en Paipote, de acuerdo a lo informado por el sitio Interferencia.

 

Esto debido a que las empresas declaradas como estratégicas tendrían que contar con su propio servicio de guardias privadas, que estarían provistas de armamento. De esta manera, eso podría ser el inicio de un debate de la autotutela en cuanto a medidas de seguridad.

 

Por lo mismo, en el escrito se acusa al Estado de estar externalizando el deber de seguridad y afectando el derecho de propiedad de la empresa. En el escrito se pide que la medida sea revertida por “falta de fundamentos”.

 

Fallas de seguridad

 

En el reclamo presentado por Enami, que adjunta el decreto de cuando las empresas cupríferas fueron declaradas empresas estratégicas, firmado por la ministra de Interior, Carolina Tohá; junto con Carabineros, donde se establecía que las instalaciones de las empresas presentarían “diversas vulnerabilidades que aquejan a las plantas de la entidad, producto de su ubicación geográfica, su fácil acceso, la ausencia de cierres perimetrales, medidas mínimas de seguridad, almacenamiento de material procesado y el alto flujo de personas, instalaciones y empresas contratistas”.

 

El documento firmado por Tohá apunta a que “dichas vulnerabilidades son factores relevantes en la incidencia de delitos en las plantas, y, por ende, generan un riesgo para las personas y para los bienes que se extraen, procesan y trasladan por éstas”.

 

Junto con eso, se argumenta que “la Autoridad Fiscalizadora reporta un incremento en la sustracción de cátodos de cobre y material doré desde los distintos yacimientos mineros del país, agrega que desde 2021 se habrían registrado 3 episodios de robos en la entidad”. Además, al interior de las instalaciones hay una gran cantidad explosivos que se usan en las faenas.

 

Seguridad privada

 

Tras ser notificada el pasado 19 de febrero, la Enami ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago tres reclamaciones judiciales para dejar sin validez el decreto, argumentando que su nivel de producción no es comparable con el de la gran minería y “rara vez es objeto de delitos”.

 

La designación implica que las mineras deben contar con su propio servicio de vigilantes privados y mantener un organismo de seguridad interno. Esto significaría que las empresas deben contar con guardias armados y sistemas de seguridad más exigentes que los actuales.

 

Esto implicaría un gran gasto para la minera estatal, cuyas finanzas se encuentran en la cuerda floja y bajo escrutinio, sobre todo luego del cierre de la Fundición Hernán Videla Lira, donde uno de los argumentos que se usaron para el cierre fue la mala situación financiera.

 

En el reclamo se pide que “el decreto reclamado debe ser dejado sin efecto por falta de cumplimiento de requisitos formales esenciales”, pues “en subsidio, el decreto reclamado debe ser dejado sin efecto por falta de fundamento”.

 

Otros reclamos

 

Además de Enami, esta medida fue impugnada por la Minera Ojos del Salado, Minera Candelaria, Punta del Cobre, Minera Atacama Kozan, Minera Manto Verde, Compañía Explotadora, Coemín, Minera Carola y Lumina Cooper Chile.

 

Según el decreto, además de las nueve que reclamaron, Interior consideró estratégicas a las minas Escondida de BHP; Los Pelambres, Antucoya y Zaldívar de Antofagasta Minerals; Florida y Meridian de Yamana Gold; Teck Quebrada Blanca; Minera HMC; Minera Tres Valles; Minera Cruz; Minera Guanaco y Kinross.

 

De acuerdo a lo informado por el sitio Interferencia, un reclamo llamativo es el ingresado por Atacama Kozan. Según la cuprífera chileno-japonesa, el decreto limita su “libertad de autoorganización, afectando consecuencialmente el derecho de propiedad” por los costos asociados a la creación de un plan de seguridad.