Durante la jornada de ayer se conoció que once funcionarios de Gendarmería de Chile, por decisión del director nacional, fueron desvinculados de la institución tras el término de un sumario administrativo seguido en su contra.
La investigación de la institución penitenciaria se dio luego que se descubriera a los once gendarmes realizando una fiesta que incluyó un asado, bebidas alcohólicas e incluso drogas al interior de las casas fiscales del penal Santiago 1.
Tras ser notificados de la medida disciplinaria, los funcionarios iniciaron una huelga de hambre, acusando irregularidades en el sumario y calificando la sanción como una medida “drástica”.
Según fuentes, dentro los funcionarios sancionados se encuentran miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, quienes solidarizaron y rechazaron la dura medida tomada por la institución que dirige el coronel Sebastián Urra.
El Dirigente Nacional ANFUP, César Padilla, acusó que los hechos no ocurrieron como informó Gendarmería y que hubo un “uso malicioso de imágenes”.
El dirigente además señaló que se tomó la decisión de acudir a la Contraloría General de la República, para dar cuenta de lo que calificó como “vicios” en el sumario.
El ex director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, señaló que cuando el Ministerio de Justicia ratifica una medida disciplinaria, como la de este caso, es porque los hechos están “debidamente fundados”. Asimismo, explicó los diferentes pasos que quedan dentro del proceso.
Por su parte, el experto en derecho administrativo, Alberto Precht, calificó la decisión del gremio como “inaceptable” y señaló que esta situación podría servir para abrir el debate respecto a la existencia de instituciones con gremios armados, como es el caso de gendarmería.
Tanto Alveal como Precht explicaron que el grupo de gendarmes tiene la opción de acudir a la Contraloría para apelar un eventual vicio de procedimiento. Asimismo, abogados consultados por La Radio, comentaron que si la Contraloría da su visto bueno a la sanción una última opción sería un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.