Un exitoso proceso de diálogo entre las comunidades de Vallenar y los desarrolladores del proyecto Fotovoltaico Aurora del Huasco, impulsado por el Consejo Nacional de Producción Limpia, culminó con la firma de un Acuerdo Voluntario único en nuestro país, que logrará la adopción de altos estándares socio-ambientales que permitan reducir riesgos e impactos para el ser humano y el medio ambiente.
La ceremonia, que fue encabezada por la gobernadora de Huasco, Alexandra Núñez y el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, consistió en la ratificación pública de compromisos entre los miembros de la Mesa de Trabajo del proceso participativo, conformada por la asociación indígena Chipasse Ta Maricunga, la Junta de Vecinos de la Quebrada de Valparaíso, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Vallenar, la organización ecológica Sembrar el Desierto y la empresa Sowitec Chile.
Para Omar Turres, presidente de la asociación ecológica Sembrar el Desierto, y uno de los activos participantes en la Mesa de Trabajo, recordó que “esta primera experiencia fue para nosotros de mucho estudio, de desconfianza al comienzo por toda la experiencia que hemos vivido en el valle con empresas que han llegado, se han instalado y nunca han tenido una relación con la comunidad. Tenemos dos ejemplos muy claros aquí en la zona como es Pascua Lama y Agrosúper. Porque si hay una empresa que se va a instalar durante 30 años, lo que queremos es ser buenos vecinos”.
El AVP es un instrumento de política pública que por primera vez es aplicado y que permite garantizar un diálogo entre las comunidades y los proyectos de inversión en sus territorios. Se trata de una herramienta que define acciones de mejora de manera anticipada, previo al ingreso del proyecto al SEIA.
Al respecto, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), Juan Ladrón de Guevara, explicó que “sin duda que la legislación ambiental y los permisos sectoriales son fundamentales, pero ya no bastan para poner en marcha un proyecto, hoy se requiere de la aceptación social para que pueda funcionar. La virtud de este programa es que el Estado asume por primera vez el rol de garante de un proceso con una metodología clara, que contempla mecanismos de seguimiento”.
Además agregó que la experiencia de este proceso en Atacama ha sido muy satisfactoria, ya que por fin se pone en marcha un programa público que garantiza un diálogo efectivo, honesto y transparente que posibilita la incidencia efectiva de las comunidades en el mejoramiento de un proyecto de inversión, contribuyendo al desarrollo local y al establecimiento de relaciones de largo plazo entre la comunidad y la empresa.