El contralor Jorge Bermúdez afirmó que no existe un marco legal que permita a los municipios decretar “emergencia comunal”, y que los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución; y aclaró que los jefes comunales no tienen atribuciones para impulsar este tipo de medidas.

“No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un ‘estado de emergencia local’ o ‘comunal’ a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad; eso no existe”, afirmó Bermúdez a CNN Chile.

En la misma línea, sostuvo sobre estos equipos de seguridad de las municipalidades de La Reina y La Florida, que “la actividad policial y la prevención está concentrada en Carabineros de Chile”, aunque explicó que los municipios si pueden destinar recursos a temas de gestión de seguridad.

“Lo que pueden hacer dentro de este marco de gestión, que autoriza a modificar el presupuesto policial con los resguardos de la ley y pasar recursos públicos de una partida a gestión de seguridad”, añadió.

Sobre una posible investigación, Bermúdez explicó que aún no han revisado los decretos de estas municipalidades, pero que en primera instancia no le parece la medida tomada por los alcaldes José Manuel Palacios y Rodolfo Carter.

“Nosotros no hemos revisado todavía esa ordenanza o ese decreto alcaldicio que debería materializar formalmente esto, pero en principio, y sólo conociendo lo que se ha dicho por la prensa, no nos parece que corresponda”, agregó.

Reunión de alcaldes con el Gobierno

Los jefes comunales de la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron este miércoles a La Moneda, para abordar, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y representantes de Carabineros y la PDI, la denominada “crisis de seguridad” que enfrenta el país.

Luego de culminar el encuentro, gran parte de los alcaldes y alcaldesas se retiraron decepcionados y acusaron que la cita estuvo marcada por los diagnósticos y no en medidas concretas.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, indicó que no tuvo una respuesta positiva al momento de proponer un estado de emergencia regional o utilizar la Ley de Protección de Infraestructura Crítica.

Quien valoró la instancia fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, del oficialismo, quien sostuvo que es fundamental reducir el poder de fuego en las calles, ya que esto permite realizar delitos violentos y facilita la pérdida de vidas.

Sobre la posibilidad de decretar “emergencia comunal” en Ñuñoa, tal como se hizo en La Reina y en La Florida, la jefa comunal descartó esta opción.

El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, aseguró que hay municipios que no cuentan con recursos suficientes para implementar iniciativas propias en materia de seguridad; e indicó que se requiere que funcionarios policiales que se desempeñan en el ámbito administrativo, puedan ser destinados a patrullajes en las calles.