“Con respecto al diputado Juan Santana (PS), no mantenemos ningún tipo de contacto y nuestras bases han solicitado que se le impida cualquier posibilidad de acceso al Colegio de Profesores de Atacama, ya que él realizó todo un reparto político dentro del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) local. Cuando lo invitamos a dialogar, nos dijo que, estando en la Comisión de Educación de la Cámara, estaba a favor de la ley del servicio local, pero cuando le señalamos las irregularidades presentes en el servicio, nunca nos prestó atención”, manifestó.

Así lo expresó Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, asignando responsabilidad a los miembros de confianza del diputado Santana, quienes, según afirma, llegaron al servicio local de educación por recomendación del legislador por Vallenar en 2022, cuando era presidente de la Comisión de Educación. Esto fue confirmado por miembros del Socialismo Democrático, quienes señalaron que Santana tenía “una relación muy cercana y estrecha” con el exministro de Educación, Marco Ávila.

La profesora Yarela Ardiles explicó que, en una reunión con Ávila en la que discutieron la situación del servicio local, “el ministro nos mostró un cuaderno con nombres de asesores, indicando que fueron recomendados por el señor Juan Santana”.

“Justo eran personas de su grupo dentro del PS. Nos pareció un absurdo porque las dos personas que él había puesto eran un concejal de la comuna de Copiapó y una concejal de Caldera. Le dijimos que eso era inaceptable porque constituía un reparto político, e incluso Ávila terminó gritándome”, afirmó la líder del Colegio de Profesores.

Fuentes ejecutivas explicaron que los parlamentarios oficialistas de la región optaron por no hacer recomendaciones, ya que consideraban que a los cargos del SLEP local deberían acceder expertos de Santiago. No obstante, Santana recomendó a los concejales socialistas, Claudio Álvarez, de Caldera, y Miguel Carvajal, de Copiapó, quien, en ese entonces, era también presidente regional del PS. La recomendación de Santana no fue bien recibida ni por la presidenta del partido en París 873, Paulina Vodanovic, ni por el líder del tercerismo, el ex presidente del Senado, Álvaro Elizalde.

El motivo de “la incomodidad” radicaba en que el primer recomendado, Claudio Álvarez, tenía un juicio de cuentas pendiente en la Municipalidad de Caldera. Mientras, el segundo, Miguel Carvajal, había sido jefe jurídico en la Municipalidad de Tierra Amarilla, cuyas autoridades fueron investigadas en 2017 y 2018 por el Ministerio Público por delitos de fraude al fisco.

Además, Carvajal tuvo que renunciar a la presidencia regional del PS en septiembre pasado y actualmente tiene su militancia suspendida por el Tribunal Supremo del partido, luego de autodenunciarse por un caso de soborno en el Concejo Municipal de Copiapó, relacionado con una concesión de áreas verdes en la que su voto era decisivo. “Se le juntaron dos problemas: la crisis del SLEP y el asunto del Concejo Municipal, lo que lo forzó a renunciar a la presidencia regional del Partido Socialista”, señaló un dirigente regional de la colectividad.

Hasta hace pocos días, Miguel Carvajal era asesor de la Unidad Jurídica del SLEP y Claudio Álvarez se desempeñaba como encargado de la Unidad de Personal en el servicio hasta fines de septiembre. Esto sucede en un contexto en el que docenas de establecimientos educativos mantienen movilizaciones y una huelga que ya cumple 50 días, poniendo en riesgo el año escolar, debido a denuncias de irregularidades.

A la situación de los concejales se suman críticas desde el oficialismo y el Congreso al rol del Seremi de Educación de Atacama, Gabriel González (PS), también cercano a Santana, quien -según explican desde el Ministerio de Educación- ha sido superado por la crisis.

Consultado sobre si realmente instaló a algunos de sus allegados en los Servicios de Educación de Atacama mientras presidía la Comisión de Educación, Santana respondió a El Mostrador que desconocía en base a qué datos “se afirma que yo sugerí a esas personas (los concejales)”. Y agregó: “¿Cómo voy a contratarlos yo, si el empleador es el Servicio Local de Atacama?”.

Respecto al caso del ex presidente regional llevado ante el Tribunal Supremo, expresó: “Me parece adecuado que, cuando un militante está siendo objeto de una investigación administrativa, el PS también inicie una investigación interna a través de los órganos correspondientes, que en este caso es el Tribunal Supremo (…) No sé si se ha demorado el Tribunal. Hay que entender que esto se presentó hace algunas semanas. Hace algunos días tuvimos un Congreso, que requirió mucho esfuerzo y donde, además, se determinaron los nuevos integrantes del Tribunal Supremo”, dijo Santana. El diputado se negó a responder otras preguntas del medio, alegando desconocer la fuente de la información.

Por otro lado, el diputado por Atacama, Cristián Tapia (PPD), tiene una opinión diferente a la del líder socialista por Vallenar. “Juan Santana tiene que responder por los funcionarios que recomendó para ser contratados en el SLEP de Atacama. Todos sabemos quiénes son y los problemas que tienen. Además, él también colocó al Seremi de Educación, y éste no ha dado respuesta frente a la crisis. Lo que siempre he pedido en reuniones con el Presidente es que seamos extremadamente responsables al sugerir nombres, asegurándonos de que sean personas serias”, advirtió Tapia a El Mostrador.