Diversos coletazos ha generado a nivel local el reciente fallo de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto el decreto que no permitía la circulación de buses en el centro de Copiapó. Ello porque el propietario de la concesión del Terrapuerto anunció que la resolución del tribunal de alzada no hace viable el funcionamiento de sus instalaciones, lo que lo lleva a evaluar el cierre prematuro y definitivo de este proyecto que supera una inversión de los 5 mil millones de pesos, mientras que el Gobierno Regional de Atacama, a través de su Gobernador Regional, Miguel Vargas Correa, comunicó que apelará a la Corte Suprema de justicia para destrabar el conflicto.
El Gobernador Vargas afirmó que respetan los fallos judiciales, pero que no se encuentran conformes con su resultado.
Uno de los argumentos de la Corte de Apelaciones tenía relación con las condiciones del nuevo Terrapuerto de Copiapó, algo con lo que el Gobernador tuvo reparos, señalando que los actuales terminales presentan problemas similares.
La autoridad regional manifestó que van a presentar una apelación, por lo que se encuentran estudiando el fallo y aclaró que tienen cinco días hábiles para realizar esta acción.
Asimismo, el Gobernador Regional llamó a efectuar los esfuerzos para que el nuevo Terrapuerto pueda funcionar con normalidad, entendiendo que se han realizado varios trabajos para su construcción y que ha existido una inversión privada que supera los $5.000 millones.
Por su parte, el Concesionario del Terrapuerto Copiapó, Claudio Atal, explicó que este fallo dificultaba el funcionamiento de las instalaciones, por lo que se encuentran avaluando un cierre definitivo del lugar.
“Se trata de una gran inversión, que supera los 5.000 millones de pesos, la más importante de los últimos años en la ciudad que no pertenezca al rubro minero y que busca el desarrollo de la zona. Adicionalmente, en el sector se han realizado una serie de medidas de mitigación, entre las que se encuentran carreteras, paraderos, luminarias, instalación de semáforos, ciclovías, entre otros. La concesión del lugar tiene una duración de 30 años y se puede extender por otros 20 más”, subrayó Atal.
Agregó indicando que esta construcción ha sido planificada desde el 2004, cuando se dio un permiso provisorio a los terminales ubicados en el centro de la ciudad, a la espera de una solución definitiva, ya que no cumplirían con algunas normas, motivo por el cual – en ese sentido – no entiende el fallo de la Corte de Apelaciones.
Finalmente, señaló que estudian hacerse parte de la apelación que será presentada por el Gobierno Regional ante la Corte Suprema, buscando revertir esta situación y darle más vida al Terrapuerto, buscando evitar su cierre prematuro.
FUENTE: DIARIO CHAÑARCILLO