Luego de que la diputada Catalina Pérez (RD), suspendiera su participación como vicepresidenta de la Cámara y la UDI retirara la censura a la mesa de la corporación, desde el gremialismo anunciaron que presentarán acciones judiciales frente al caso que involucra los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
«Hoy ha dejado la mesa de la Cámara de Diputados Catalina Pérez, ha renunciado el seremi de Vivienda de Antofagasta (Carlos Contreras), ha renunciado la pareja (Daniel Andrade) de la diputada Pérez que era asesor en el Ministerio de Defensa, tres renuncias, ¿alguien todavía piensa que aquí no ha pasado nada?», dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Con esto, Alessandri insistió en que «la mejor manera en que se pudiera defender la diputada Catalina Pérez, era fuera de la testera, fuera de la mesa, sin arrastrar a los 155 diputados que ella representaba», añadiendo que ahora «vamos a seguir tras los 426 millones de pesos» que sumaban los convencidos suscritos entre la Seremi y la fundación.
El diputado planteó varias interrogantes relacionadas con el destino de los fondos, asegurando que «desde la oposición, vamos a buscar cada uno de estos pesos y se los vamos a devolver a la ciudadanía». Con ello, planteó que «puede seguir adelante con el término de su periodo el diputado Vlado Mirosevic, ya que la censura de hoy implicaba votar a toda la mesa, ya que no existe el mecanismo para votar a uno u otro miembro.
La oposición retira la censura de hoy y espero que entre todos cuidemos la institucionalidad». Consultado por si este caso puede sumar una arista judicial, Alessandri sostuvo que «basado en las palabras de Carlos Montes sobre ‘conflicto de interés’ (…) eso en nuestro país está penado, por supuesto que se abre una arista judicial, se abre una arista en la Contraloría, en la comisión de Ética de la Cámara interna y se abre una arista de responsabilidad política que hemos hecho valer hoy».
«Ahora nosotros vamos a seguir en los tribunales de justicia, vamos a ser claros, nosotros vamos a llevar esto a la sede judicial para poder investigar dónde están los 426 millones de pesos», recalcó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.
Según el diputado Coloma, «aquí puede haber eventualmente fraude al fisco, son parte de los temas que se tienen que investigar en tribunales y por eso, dentro de las próximas horas presentaremos estas acciones judiciales para que sean los tribunales de justicia los que tengan que investigar hasta dónde llegaron».
Núñez pide a Fiscalía investigación de oficio
Sobre el caso, la senadora por la región Paulina Núñez (RN) pidió a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio por posible «tráfico de influencias». Esto pues acotó que «es relevante dilucidar no sólo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el penal, las circunstancias en que los actores se han visto involucrados, de manera de esclarecer también posibles ilícitos vinculados al tráfico de influencias tipificado en nuestro Código Penal.
El Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio». Para Núñez, «jugar con recursos que tendrían que haberse invertido en la construcción de viviendas para familias que están esperando por años, que sufren todos los días por no poder tener las condiciones mínimas para mantener a sus hijos en una casa con un baño, con agua, con luz, no sólo es grave, es despreciable». Las declaraciones de la diputada Pérez, generaron molestia en la bancada RN, desde donde calificaron como «publicidad engañosa» la suspensión del cargo.
La diputada Camila Flores (RN), señaló que «nos parece impresentable la actitud de la diputada Pérez de utilizar su género femenino para victimizarse frente a una situación que sin duda alguna es gravísima y queremos invitarla a que reconozca sus errores», agregando que «cuando alguien de la derecha comete una situación que equivale a reconocer un error, se hace».
«La figura de la suspensión no existe jurídicamente. Por lo tanto, aquí nos están tratando de pasar gato por liebre. Aquí o se renuncia o se mantiene, pero nadie puede suspender su participación dentro de la mesa. Me parece que es francamente irresponsable de parte de ella desconocer a personas que, por cierto, tienen un vínculo con ella, más allá de si este es laboral o amoroso, y yo espero que la diputada tenga el coraje de reconocer que aquí a lo menos existe una situación fraudulenta», sostuvo, considerando que no se debió bajar la censura a la mesa.
Por su parte, la diputada Catalina Del Real (RN) señaló que «como diputadas mujeres nosotros nos oponemos firmemente al argumento de ser mujer y victimizarse. Aquí, si ella comete un error o hay que investigar si hay un caso fraudulento, debe ser responsable y debe asumir las responsabilidades».
La diputada Paula Labra dijo que «es intolerable que la izquierda, que el oficialismo, siga utilizando el feminismo como excusa para no responder ante casos de probable corrupción. Y hay que decirlo con todas sus letras.
No podemos escuchar que una parlamentaria que está involucrada en un caso donde hay posible desfalco de 426 millones de pesos culpe a dos hombres adultos y que ella haya presentado su suspensión que es una figura dudosa, es publicidad engañosa».