La Policía de Investigaciones detuvo a una persona, de 35 años, que adeuda más de 16 millones de pesos en pensión de alimentos en la ciudad de Vallenar, en la Región de Atacama.
El subprefecto Javier Cerda, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vallenar, detalló que «oficiales policiales de la Bicrim Vallenar realizaron diversas diligencias investigativas para determinar la ubicación de esta persona, de nacionalidad chilena y de 35 años de edad, que mantenía una deuda por 16.664.623 pesos, dando cumplimiento al decreto de arresto emanado por el Juzgado de Familia de Vallenar».
Este caso se da en la misma jornada en que la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó el inicio de una nueva ronda de capacitaciones que contempla reuniones informativas con ministros, jueces, administradores y funcionarios de los tribunales del país y Corporación Administrativa del Poder Judicial sobre la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Según explicó la ministra Chevesich, esto nace del anhelo de introductor modificaciones a la normativa referida a las pensiones alimenticias morosas, atendida la constatación del alto número de causas para obtener su cumplimiento y la escasa eficacia de los apercibimientos y apremios vigentes en materia de ejecución.
«No viene dada la reciente crisis social, económica y sanitaria, sino de una problemática que fue vislumbrada con anterioridad y que, en la actualidad, adquirió fuerza con motivo de su manifestación», dijo la ministra, quien agregó que «es posible apreciar la necesidad de posesionar el principio rector de corresponsabilidad parental en un lugar prioritario, pues una cosa es la voluntad del legislador y otra distinta es la realidad humana».
La ministra espera que la ley pueda atenuar «un problema social y cultural asentado en nuestro país, permitiendo dar tranquilidad a los progenitores que tienen el cuidado personal de sus hijos y contar con una manutención mensual necesaria para que puedan vivir percibiendo la dignidad y el respeto de sus derechos».
En tal sentido, sostuvo que estas capacitaciones «permitirán sentar conocimientos y resolver dudas o inquietudes que surjan» entre los integrantes de los tribunales del país.