Las universidades chilenas que postularon en conjunto para llevar a cabo el proyecto del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) están satisfechas luego de que la Corte Suprema revirtiera la decisión de Corfo, que bajo el anterior gobierno adjudicó el ITL a un consorcio extranjero.
«Teníamos el convencimiento de que la adjudicación se había producido de manera irregular y buscamos todos los caminos que estaban a nuestro alcance para que se hiciera justicia. Por eso, como rector de una universidad estatal y regional, me es muy satisfactorio este inédito fallo de la excelentísima Corte Suprema, que acoge el recurso de protección que presentamos, en el firme convencimiento de la relevancia que tiene para la región de Antofagasta contar con un Instituto de Tecnologías Limpias», comentó el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola.
La Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), que agrupa a las universidades Adolfo Ibáñez, de Antofagasta, Católica, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, de Chile, de Concepción, de Santiago, de Talca, de Tarapacá y Técnica Federico Santa María, obtuvo 0.03 puntos menos que Associated Universities Inc (AUI) en el proceso de licitación, pero -recalca- merced a errores en los antecedentes con los cuales se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales.
Uno de los cuestionamientos es que se evaluó de igual manera a ambos consorcios, pese a que ASDIT cuenta con más participación de universidades chilenas.
Con la resolución judicial, queda sin efecto el traspaso a AUI de 193 millones de dólares durante un plazo de 10 años, para la implementación del ITL; y además se establece que hubo una grave faltas al principio de imparcialidad pues el entonces gerente general de Corfo, Felipe Commentz, participó tanto en la comisión evaluadora de ofertas, como en el consejo que resolvió la licitación.
Según detallo la U. de Antofagasta, ahora el consejo de ministros de Corfo debe revisar nuevamente la adjudicación «con las ofertas que estaban», además de estar obligado a «motivar la decisión» que adopte.