La ministra Marcela Araya Novoa presidió ayer martes 1 de marzo la primera sesión de pleno de la Corte de Apelaciones de Copiapó como presidenta titular del tribunal de alzada, en una jornada en la cual se realizó la ceremonia de inauguración del Año Judicial 2022 en la jurisdicción, que consideró –además- la cuenta pública que ofreció el ministro Juan Antonio Poblete Méndez, como presidente durante el ejercicio jurisdiccional 2021.
La ceremonia se desarrolló por medios telemáticos y con la participación de los ministros del tribunal de alzada Aída Osses Herrera y Rodrigo Cid Mora; el fiscal judicial, Carlos Meneses Coloma; el fiscal regional, Alexis Rogat Lucero; la seremi de Justicia, Margarita Contreras Ríos; el defensor regional, Raúl Palma Olivares; el prefecto regional de la Policía de Investigaciones, Hugo Haeger Bórquez, y representantes de instituciones públicas, jueces y dirigentes de los gremios del Poder Judicial, además de invitados especiales.
En la ocasión, la ministra Araya se mostró muy entusiasmada por asumir la presidencia de la corte copiapina y con pleno conocimiento de los desafíos que deberá abordar la judicatura, considerando la nueva Constitución, los problemas sociales relacionados con la violencia de género, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la pandemia y el fenómeno de la migración.
“Muchos de estos temas nos tocan como tribunales de justicia. Sobre estos conflictos sociales debemos resolver, con apego a las leyes, oportunamente y, sobre todo, con independencia. Y estoy segura que nuestra jurisdicción lo ha hecho con plena responsabilidad, con profesionalismo y lo seguirá haciendo, porque los equipos humanos que conforman las unidades judiciales de nuestra región tienen la plena convicción que son el motor y soporte del Poder Judicial en Atacama”, exhortó la presidenta Araya Novoa.
Cuenta pública
En tanto, en la cuenta pública de su gestión, el ministro Juan Antonio Poblete Méndez agradeció el apoyo recibido y recordó que al inicio de su periodo planteó la necesidad de resolver la situación que se daban en el Juzgado de Familia de Copiapó, por el número de causas que se ingresaron por los retiros de fondos previsionales, y la creciente necesidad de acceso a la justicia de grupos vulnerables.
Lo se resolvió prestando apoyo con un equipo de administración y la destinación de jueces orales para fortalecer la gestión, precisamente, de las solicitudes de retención del 10 por ciento de fondos previsionales, dijo.
“Esto nos da pie a establecer un punto: pese a la voluntad, el esfuerzo de un trabajo que se cumple en jornadas mucho más allá de los límites establecidos, de la inventiva y la creatividad de nuestros judiciales, nos encontramos con la realidad de que las necesidades son mucho más grandes que los recursos con los que contamos para responder a estos requerimientos en todas las materias”, agregó.
En la ceremonia también se tomó juramento a los abogados integrantes para el período marzo de 2022 – febrero de 2023, quienes integrarán sala en caso de ausencia de algún ministro o inhabilidad. Para el año judicial fueron designados por el Ministerio de Justicia los abogados Loreto Llorente Viñales, James Richards Garay y Óscar Iriarte Ávalos.